Una verdadera tormenta política atraviesa al Partido de la Gente (PDG). La Lista B, que se había adjudicado el triunfo en las elecciones internas desarrolladas el pasado 25 de abril, ha desatado una ofensiva total contra el Tribunal Supremo de la colectividad tras la sorpresiva anulación de dichos resultados, denunciando una profunda crisis de legitimidad institucional y jurídica.
El bloque, liderado por Patricio Quisbert, emitió una declaración pública donde desglosan una serie de presuntas irregularidades que habrían viciado el procedimiento. Según los denunciantes, la resolución del órgano partidario es cuestionable desde su origen, ya que solo contó con el respaldo de tres de los cinco integrantes del Tribunal Supremo, existiendo además dos votos disidentes formales que fueron ignorados.
Cuestionamientos a la legitimidad del Tribunal Supremo
Desde la Lista B advierten que la situación es más compleja de lo que parece, pues acusan la existencia de solicitudes de inhabilidad que no fueron resueltas previo a la invalidación.
Resulta aún más grave que esta resolución haya sido impulsada y suscrita mientras permanecen pendientes solicitudes de inhabilidad respecto de integrantes del propio Tribunal Supremo, entre ellas presentaciones relativas a la participación de una integrante en grupos asociados a una de las listas en competencia, cuestión que jamás fue resuelta antes de avanzar hacia la invalidación de una elección nacional.
A esto se suma una acusación directa contra un integrante del organismo jurisdiccional, a quien vinculan con antecedentes judiciales públicos que pondrían en entredicho su idoneidad para ejercer labores de tal responsabilidad dentro del partido.
Críticas a la directiva de Rodrigo Vattuone
El fuego cruzado también alcanzó a la actual directiva nacional, encabezada por Rodrigo Vattuone, quien curiosamente competía en los mismos comicios liderando la Lista A. La Lista B calificó como una “preocupante pasividad” el actuar de la dirigencia ante las múltiples solicitudes que buscaban transparentar y colaborar con el desarrollo del proceso electoral.
Sobre la posibilidad de repetir la votación, el sector de Quisbert fue categórico al señalar que “la democracia interna no puede quedar subordinada a decisiones apresuradas, integraciones cuestionadas ni interpretaciones acomodadas a conveniencias políticas circunstanciales”. Advierten que intentar forzar una nueva elección bajo estas condiciones sería una señal nefasta tanto para la militancia como para la opinión pública general.
¿Qué pasará ahora en el PDG? Ante la negativa del Tribunal Supremo por validar su victoria, la Lista B ya prepara acciones legales para revertir la medida. Entre las alternativas que barajan se encuentra presentar un recurso de protección ante la justicia ordinaria o acudir directamente al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con el fin de blindar la validez de los resultados obtenidos el 25 de abril.
