La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado este sábado la continuidad de la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. El tribunal rechazó el recurso de amparo interpuesto por su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, quien buscaba revertir la medida cautelar impuesta en el marco de la investigación por delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.
La resolución judicial fue contundente respecto a los fundamentos del recurso. El tribunal determinó que, en el caso analizado, no se acreditó una ilegalidad o arbitrariedad que justificara una intervención correctiva. El fallo señaló explícitamente:
Que no concurriendo en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria y manifiesta que justifique la intervención correctiva excepcional de esta Corte por la vía del artículo 21 de la Constitución, y no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción será desestimada.
El argumento central de la defensa de Lavín León se basaba en cuestionar el proceso de desafuero previo. El abogado Bonacic sostuvo que la formalización realizada el 4 de mayo de 2026 incluyó cargos que no estaban contemplados originalmente. Según la defensa, el Ministerio Público formalizó al exparlamentario por delitos de cohecho y los ilícitos tipificados en los artículos 53 N°4 y 54 N° 4 de la Ley 18.556, modificando los hechos presentados en el antejuicio.
Además, la defensa hizo hincapié en que el ente persecutor agregó un capítulo nuevo relacionado con el fraude al fisco. Este punto específico se refiere al uso del equipo parlamentario conocido como “call center” electoral o Socialtazk, una arista que, aseguran, no fue incluida en la solicitud de desafuero inicial. Pese a estas alegaciones, el tribunal desestimó la acción constitucional presentada a su favor.
Con este fallo, Joaquín Lavín León permanece bajo la medida de prisión preventiva mientras la investigación liderada por el Ministerio Público continúa su curso. Por ahora, la defensa mantiene abierta la posibilidad de ejercer otros recursos procesales contemplados en la ley para intentar modificar la situación cautelar del exdiputado en etapas futuras del proceso judicial.
