El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), lanzó una grave advertencia sobre su seguridad personal. Según afirmó, la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.) y la Compañía de Inteligencia del Ejército (CIE) estarían orquestando su detención durante este viernes o el sábado. Morales vinculó estos movimientos a una estrategia impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz, que lo acusa de utilizar dinero proveniente del narcotráfico para solventar las protestas y bloqueos que afectan al país.
¿Qué busca el gobierno de Rodrigo Paz?
La tensión política ha escalado significativamente en los últimos 10 días. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció públicamente un supuesto «plan macabro» cuyo objetivo final sería provocar una ruptura constitucional. De acuerdo con el gobierno, este esquema fue «pensado, financiado y operado» desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario y zona clave en la producción de hoja de coca.
El Ejecutivo sostiene que las movilizaciones de sectores campesinos y obreros contra la gestión de Paz —quien cumple seis meses en el poder— se nutren de fondos ilícitos. Ante esto, el gobierno anunció recientemente el retorno de una oficina de la DEA a La Paz para tareas de inteligencia, aunque aclaró que no tendrá participación en operativos de campo, una medida que ha generado suspicacias en el entorno de Morales.
Las acusaciones cruzadas y la situación en Cochabamba
En declaraciones emitidas a través de la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales rechazó tajantemente las acusaciones gubernamentales:
«Entre hoy (viernes) y mañana (sábado) el CIE, con la DEA, que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales. El gobierno está obligado a demostrar las mentiras».
El líder cocalero argumentó que vincularlo con el financiamiento de las marchas equivale a tildar a todos los sectores en conflicto de «narcotraficantes». Además, Morales aseguró que el Ejecutivo buscaría declarar un estado de excepción y militarizar el territorio nacional, especialmente el Trópico de Cochabamba, bajo el argumento de que se estaría atentando contra la democracia.
¿Cuál es el panorama actual de las protestas?
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba, protegido por cientos de seguidores. Su situación legal es compleja, ya que enfrenta un proceso penal por trata agravada de personas, caso vinculado a una presunta relación con una menor de edad durante su mandato.
Mientras tanto, el bloqueo de carreteras liderado por campesinos del altiplano de La Paz cumple 10 días. A esta presión se sumó la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo dirigente Mario Argollo exigió formalmente la renuncia de Paz debido a la «falta de capacidad para solucionar los problemas estructurales del país». Aunque el gobierno ha reiterado su apertura al diálogo, la polarización sugiere que el conflicto podría profundizarse en las próximas horas, dependiendo de si se ejecutan las detenciones denunciadas por el expresidente.
