Pago mínimo en tarjetas de crédito: Nueva norma que cambia tus deudas

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Se acerca un cambio importante para quienes utilizan dinero plástico en Chile. A partir de junio de 2026, entrará en vigencia una nueva normativa impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual busca modificar la fórmula utilizada para calcular el pago mínimo en tarjetas de crédito. El objetivo central de esta regulación es frenar el sobreendeudamiento de los chilenos y promover un uso más responsable de este instrumento financiero.

El fin de los pagos eternos: ¿Por qué cambia la norma?

La necesidad de este ajuste se explica por el alto costo que pagan los usuarios al extender sus deudas. Actualmente, si una persona amortiza solo el 1% de su saldo, podría tardar hasta 180 meses en liquidar la deuda, acumulando un 160% en intereses. Con la nueva exigencia, al amortizar al menos un 5% del saldo insoluto, el plazo se reduciría drásticamente a 60 meses, bajando la carga de intereses a un 40%.

Los tres ejes del nuevo cálculo

La normativa establece criterios claros para el nuevo pago mensual. El primero es que este debe cubrir, como mínimo, un 5% del monto financiable. Los otros dos ejes fundamentales se enfocan en la gradualidad y la inclusión de las cuotas sin interés en el cálculo.

Respecto a las cuotas originalmente pactadas sin interés, los datos de la CMF son reveladores: actualmente, el 84% de las personas termina pagando intereses por ellas. Por esto, la nueva regla exige incorporarlas al monto no financiable de forma progresiva.

Implementación gradual para evitar impactos

La entrada en vigencia no será inmediata en todos sus aspectos. Para que las instituciones financieras logren adaptar sus sistemas y no afectar a quienes tengan dificultades para cubrir el nuevo mínimo, se estableció un plan de transición:

  • La norma regirá formalmente en junio de 2026.
  • La incorporación de cuotas sin interés aumentará un 25% cada seis meses.
  • En un plazo total de dos años, el 100% de estas cuotas estará integrado en el cálculo.

Este periodo de dos años permitirá a los consumidores y bancos ajustarse a la nueva realidad crediticia sin generar un impacto financiero abrupto en los bolsillos de los usuarios.

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