El juez federal Richard J. Leon ha emitido una orden contundente contra el Gobierno del presidente Donald Trump, exigiendo el retorno inmediato a Estados Unidos de Adriana María Quiroz Zapata, una ciudadana colombiana de 55 años que había sido deportada a la República Democrática del Congo.
El caso, reportado originalmente por The New York Times, expone una grave irregularidad administrativa. Quiroz Zapata fue enviada al país africano a pesar de que las autoridades congoleñas se negaron explícitamente a recibirla. Su abogada, Lauren O’Neal, explicó que la mujer padece de diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, condiciones que el ministerio del Interior del Congo consideró imposibles de tratar adecuadamente en su territorio.
El trasfondo judicial y la ilegalidad de la medida
El magistrado Leon, quien fue nominado al Tribunal Federal por George W. Bush, calificó la actuación del Ejecutivo como “probablemente ilegal”. Aunque la ley federal estadounidense permite la deportación a terceros países, esta acción está condicionada estrictamente a la aceptación del país receptor, requisito que fue ignorado en este procedimiento.
La afectada, que actualmente permanece en un hotel en las afueras de Kinshasa, detalló a la prensa que su huida de Colombia respondió a la necesidad de escapar de su expareja, un sujeto vinculado a la Policía Nacional que la sometió a violencia sexual y física. En 2025, un tribunal de inmigración ya había validado que el retorno de la mujer a su país de origen representaba un riesgo intolerable para su integridad.
Acuerdos de deportación y tensiones políticas
Este episodio ocurre en un contexto de endurecimiento migratorio. El pasado 5 de abril, el Congo selló un acuerdo económico con Estados Unidos para facilitar la recepción de personas deportadas a terceros países, política que Washington ha replicado con al menos otras siete naciones africanas.
Cabe recordar que el juez Leon ya había provocado roces previos con la Administración Trump en abril, cuando ordenó detener la construcción de un polémico salón de baile en la Casa Blanca. Ahora, la Justicia ha impuesto un plazo perentorio: el Gobierno debe informar antes de la tarde de este viernes qué medidas concretas ha implementado para asegurar el traslado de regreso de Quiroz Zapata. La resolución del caso sigue en desarrollo, manteniendo la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta inmediata del Ejecutivo ante este revés judicial.
