¿Cómo funcionaría el nuevo protocolo de identificación migratoria?
El Gobierno de José Antonio Kast ingresó una indicación clave al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas. La iniciativa busca que tanto servicios públicos como privados deban reportar a migrantes en situación irregular cada vez que realicen trámites en áreas críticas como salud, educación o previsión.
Según antecedentes revelados por La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la sesión de la comisión de Gobierno del Senado. El objetivo central es que organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.
El alcance de la medida y la cifra de afectados
Esta estrategia apunta directamente a los cerca de 300 mil extranjeros que, según las estimaciones oficiales, permanecen en el país de manera ilegal. La normativa obligaría a todo establecimiento —ya sea del Estado o privado— a proporcionar información requerida por la autoridad, incluyendo domicilio, número de teléfono, correo electrónico y datos personales relevantes.
La intención del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que las personas acuden a servicios esenciales para obtener beneficios o atención médica, transformando estos puntos de contacto en centros de fiscalización. Según la indicación, los datos entregados por las instituciones estarán protegidos bajo reserva y su uso quedará restringido exclusivamente a fines migratorios específicos, respetando la normativa vigente de protección de datos personales.
Defensa política y proyecciones de la iniciativa
El senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, respaldó públicamente la propuesta al argumentar que esta permitirá agilizar los procesos de salida del territorio nacional.
Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos, permitiendo además fiscalizar empleadores y conocer el impacto migratorio real en el sistema de salud.
El parlamentario enfatizó que la herramienta también será vital para detectar situaciones de irregularidad laboral. Actualmente, el proyecto se mantiene en fase de discusión legislativa, donde se debate el equilibrio entre la reserva de datos personales y la necesidad de las autoridades de identificar a extranjeros que mantienen procedimientos migratorios en trámite. Queda pendiente definir cómo será el flujo de información y qué mecanismos de control tendrán las instituciones para asegurar que no se vulneren derechos fundamentales durante el proceso de fiscalización.
