La reciente indicación del Gobierno ingresada en la Ley Miscelánea ha generado un fuerte debate político. La medida faculta a la Tesorería General de la República (TGR) para ofrecer nuevas facilidades de pago a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), pero un punto clave ha encendido las alarmas en el Congreso: la exclusión de quienes han sido responsables con sus compromisos financieros.
Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, fueron los encargados de cuestionar esta propuesta. Según la norma, la TGR podrá suscribir convenios con un pago inicial y un máximo de 48 cuotas mensuales. Lo más llamativo es que, tras este proceso, el organismo podrá extinguir el saldo remanente entre lo pagado y el total de la deuda. La propuesta específica señala que, si el deudor cumplió íntegra y oportunamente, la Tesorería incluso podría extinguir hasta el 100% del saldo restante, con un plazo de 90 días tras la publicación de la ley para suscribir estos convenios.
El argumento de la UDI frente a la discriminación del CAE
Para los parlamentarios gremialistas, si bien otorgar facilidades a morosos es atendible, la forma en que se planteó esta indicación sustitutiva es injusta. Su crítica se centra en que el Estado estaría premiando la morosidad, dejando en el olvido a quienes han realizado un esfuerzo constante para mantenerse al día o que ya cancelaron la totalidad de sus créditos estudiantiles.
"No puede ser que el Estado termine beneficiando únicamente a quienes han dejado de pagar, mientras se excluye a quienes, con mucho esfuerzo, se han mantenido al día o incluso ya pagaron por completo sus deudas", declararon Bobadilla y Neumann.
Los legisladores enfatizaron que la señal enviada por el Ejecutivo es "muy equivocada", ya que termina castigando la responsabilidad financiera. Para ellos, cualquier medida asociada al CAE debería incorporar obligatoriamente a los estudiantes que han cumplido con sus obligaciones de manera ejemplar.
Antecedentes y posibles soluciones para los cumplidores
Ante la controversia, los diputados recordaron que existen alternativas que ya habían sido discutidas anteriormente para reconocer a los buenos pagadores. Por un lado, rescataron el proyecto de ley presentado en 2018 por el expresidente Sebastián Piñera, que proponía un tope de pago de 15 años y la condonación de los saldos pendientes para quienes cumplieran con los requisitos.
Respecto a quienes ya terminaron de pagar, se han barajado fórmulas como una rebaja en el Impuesto Global Complementario, calculada entre 4 y 6 UF anuales durante un periodo de 20 años. Actualmente, la propuesta del Gobierno sigue en la palestra legislativa mientras crece la presión para que las autoridades enmienden el proyecto. La gran duda es si el Ejecutivo accederá a incluir gestos concretos hacia quienes cumplieron sus compromisos, o si mantendrá una medida que hoy es calificada por la oposición como un atentado al esfuerzo personal.
