Una tensa jornada se vive al interior del Parlamento de Filipinas, donde se han reportado disparos este miércoles en medio de un operativo policial para ejecutar el arresto del senador Ronald dela Rosa. El legislador se encuentra atrincherado en una de las oficinas del recinto parlamentario, resistiéndose a una orden de detención vinculada a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión como jefe de la policía bajo el mandato de Rodrigo Duterte.
El origen del conflicto: la «guerra contra las drogas»
El senador Dela Rosa fue la figura clave al frente de la institución policial entre 2016 y 2018, periodo catalogado como el más violento debido a la denominada «guerra contra las drogas». El gobierno de Ferdinand Marcos Jr. ha ordenado su captura, tras una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) que lo señala como presunto coautor indirecto de ejecuciones extrajudiciales. Si bien las autoridades locales estiman cerca de 6.000 fallecidos, diversas organizaciones no gubernamentales elevan la cifra trágica hasta los 30.000 asesinatos.
Protección legislativa y resistencia
La situación escaló desde el pasado lunes, cuando las autoridades intentaron proceder con la detención. Sin embargo, el senador logró refugiarse en el edificio legislativo, contando con el respaldo de Alan Peter Cayetano, presidente del Senado y aliado político de Duterte. Ante la prensa, el martes pasado, Cayetano defendió la postura del imputado declarando:
«No permitamos que otro filipino sea llevado a La Haya»
El atrincheramiento ha generado un despliegue de seguridad sin precedentes. Se ha establecido un fuerte cordón policial en los accesos al Congreso para controlar a los manifestantes que apoyan a Dela Rosa. El senador incluso instó a la población a movilizarse frente al edificio para intentar bloquear el operativo policial. Por su parte, el legislador alega que, mientras mantenga su cargo, cuenta con recursos legales que impiden su entrega inmediata.
Actualmente, el edificio permanece bajo máxima tensión. El desenlace de este conflicto depende de la capacidad de las autoridades para sortear las protecciones institucionales que el senador ha utilizado como escudo, en un caso que pone a prueba la separación de poderes y la cooperación internacional de Filipinas con la CPI.
