Un grupo de Consejeros Regionales (Cores) del Bío Bío anunció que solicitará formalmente al Ministerio Público investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito vinculados al arriendo de casas fiscales. La medida surge tras la detección de diversas irregularidades en el uso de inmuebles estatales, los cuales son entregados a funcionarios públicos bajo condiciones de arriendo preferencial.
El foco de la investigación se centra en el patrimonio inmobiliario del Gobierno Regional (GORE), que cuenta con un total de 130 propiedades entre casas y departamentos. Tras un diagnóstico realizado en la zona, se identificaron anomalías en 25 de estos inmuebles. Actualmente, el GORE ha logrado la restitución de 8 propiedades, mientras que para las 17 restantes ya se iniciaron los procesos administrativos correspondientes.
El caso que encendió las alertas
La preocupación en el Consejo Regional aumentó luego de que el gobernador Sergio Giácaman denunciara un episodio grave ante la Fiscalía. En este caso particular, se descubrió que un funcionario beneficiario del subsidio habitacional había intervenido dos departamentos; en uno de ellos residía, mientras que el otro lo utilizaba para subarrendar habitaciones, obteniendo ganancias personales a costa de un bien del Estado.
El consejero Luis Santibáñez calificó este hecho como la posible «punta del iceberg», argumentando que la situación justifica una investigación penal profunda. En la misma línea, Américo Mondaca, presidente de la Comisión de Seguridad, enfatizó la necesidad de transparentar si otros trabajadores están utilizando los beneficios habitacionales con fines de lucro personal.
Posturas divergentes en el Consejo
No existe unanimidad sobre la urgencia de estas acciones legales. Mientras algunos cores impulsan la denuncia, otros como Marcelo Rivera han deslizado críticas, sugiriendo que este tipo de denuncias podrían ser utilizadas para desviar la atención de otros temas, aunque admite que el catastro de los arriendos debe ser revisado exhaustivamente.
La revisión del uso de estas 130 viviendas se vuelve aún más crítica ante la constante rotación de personal de Carabineros, la PDI y la Armada que llega a la región y requiere soluciones habitacionales. Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) reforzó el control el pasado mes de septiembre al publicar un instructivo nacional destinado a erradicar las irregularidades en el uso de inmuebles estatales. El GORE del Bío Bío ya había comenzado a actualizar sus propios protocolos de administración el año pasado, adelantándose a las directrices centrales del ente fiscalizador.
La incógnita ahora es cuánto tiempo tomará la Fiscalía para iniciar las pesquisas y si aparecerán nuevos casos de lucro indebido. El debate en el Consejo Regional continuará mientras el GORE avanza en la recuperación de los inmuebles ocupados irregularmente, buscando garantizar que el apoyo estatal cumpla su fin social y no se transforme en un negocio privado.
