La Fiscalía de Bolivia ha ratificado esta jornada que solicitará una condena de 20 años de cárcel para el exmandatario Evo Morales. El requerimiento judicial se fundamenta en un presunto delito de trata de personas con agravante, proceso derivado de la relación que el otrora jefe de Estado mantuvo con una menor de edad durante el cierre de su administración.
El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, detalló que el agravante del caso se sustenta en que la supuesta víctima era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, datados en el año 2015. En declaraciones a la televisión del diario El Deber, el persecutor afirmó:
“La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar”
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Situación procesal y orden de captura
Mogro enfatizó que ni Morales ni la madre de la joven han presentado justificaciones válidas ante el tribunal de Tarija, lugar donde se ventila la causa. Ante la ausencia de los imputados en la audiencia de este lunes, la Fiscalía solicitó que ambos sean declarados en rebeldía, se emita una orden de búsqueda y captura, se prohíba su salida del territorio nacional y se proceda al congelamiento de sus activos bancarios.
El fiscal ha instado a las fuerzas policiales a cumplir con su mandato constitucional y ejecutar la orden de arresto contra el exgobernante. Actualmente, Evo Morales permanece en la región cocalera de Chapare, en el Trópico de Cochabamba, rodeado por grupos de seguidores que han impedido el avance de las acciones judiciales por temor a posibles disturbios sociales.
Antecedentes y contexto político
La acusación sostiene que, durante su gestión presidencial (2006-2019), Morales habría mantenido una relación en 2015 con una joven de entonces 16 años, con quien habría tenido una hija. El expresidente ha rechazado constantemente los cargos, calificando el proceso como una fabricación política orquestada desde la era del exmandatario Luis Arce.
Mientras el gobierno actual declara su intención de proceder con el arresto, la figura del vicepresidente Edman Lara ha incrementado la presión sobre el gabinete y la policía para que actúen con celeridad. Por ahora, la protección de los simpatizantes de Morales en su bastión del Chapare mantiene el proceso en un punto muerto, sin novedades concretas respecto a una posible detención inmediata.
