La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se encuentra en el centro de la polémica tras reconocer públicamente la existencia de tres sociedades no declaradas en su patrimonio. La secretaria de Estado admitió esta situación en una conversación con el medio Fast-Check, instancia donde no descartó que otros integrantes del gabinete de José Antonio Kast pudieran estar atravesando circunstancias similares.
El detalle de las sociedades no declaradas
La primera sociedad señalada es “Innova Nehuén SpA”, fundada por la ministra junto a sus hermanas para prestar asesorías tecnológicas. Al respecto, Lincolao se defendió señalando:
“Esa era una sociedad que nunca tuvo actividad. Y yo le había pedido al abogado que la cerrara. Entonces, nunca tuvo actividad y creo que ahora sí ya está cerrada”
. Pese a esto, el registro oficial no muestra el cierre, hecho que la ministra atribuyó a que el proceso legal habría comenzado al momento de su declaración de patrimonio.
La segunda entidad corresponde a “Tech Apprenticeships LLC”, constituida en 2023. Mientras Fast-Check detectó un cierre temporal reversible mediante un pago, la ministra descartó que se trate de una empresa:
“Es como una autorización, es como una licencia (…) nunca fue un tema para mí disolver o nada porque está cancelada”
.
Finalmente, la Asociación de Propietarios de Potomac fue catalogada por la secretaria de Estado simplemente como la “junta de vecinos” de su primera vivienda en Estados Unidos. Adicionalmente, Lincolao defendió su participación en la startup “Build Within”, radicada en Delaware, argumentando que es una práctica común en el sector tecnológico estadounidense.
Reacciones y fiscalización parlamentaria
La revelación ha generado una fuerte tensión política. Tras consultar con sus pares, Lincolao aseguró que “los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”. Sin embargo, calificó su paso por el Gobierno como una “jaqueca” y tildó el ambiente sobre su patrimonio como “muy tóxico”.
Ante este escenario, un grupo de parlamentarios compuesto por Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC) y Gael Yeomans (FA), anunció que oficiará a todo el gabinete presidencial para transparentar posibles patrimonios omitidos. Los diputados calificaron los hechos como graves y advirtieron que, de comprobarse los antecedentes, recurrirán a la Contraloría para investigar eventuales faltas a la probidad pública. La ministra, por su parte, insiste en que busca aclarar la situación para resguardar su integridad profesional.
