El Gobierno decidió aplicar una urgencia legislativa al proyecto de ley que busca establecer un control estricto en la venta de alcohol a través de aplicaciones de delivery. La medida, que ha sido impulsada por diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), pretende cerrar un vacío legal que, según denuncian, ha facilitado el acceso de menores de edad a bebidas alcohólicas mediante plataformas digitales.
La iniciativa fue presentada originalmente a fines de 2025 por la jefa de bancada gremialista, Flor Weisse, acompañada por los diputados Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito. Tras la decisión del Ejecutivo de acelerar su tramitación, el proyecto será discutido con prioridad en la comisión de Salud de la Cámara, buscando equiparar las obligaciones de estas plataformas con las del comercio establecido.
Nuevos controles tecnológicos para las apps
El objetivo central de la propuesta es que tanto las empresas de reparto como sus trabajadores cumplan con las mismas exigencias que impone la Ley de Alcoholes a botillerías y supermercados. Esto implica una verificación obligatoria de la identidad, tanto durante el proceso de compra como en el momento de la entrega efectiva del pedido.
Hoy existe un vacío evidente en este tipo de plataformas digitales, que está siendo aprovechado por los menores de edad para acceder a la venta de alcohol, lo que no solo es ilegal, sino que además representa un grave riesgo sanitario y social.
Los legisladores recalcaron que la tecnología debe ser una herramienta de control y no una excusa para eludir la normativa. Por ello, instan a que las aplicaciones implementen sistemas suficientes para comprobar la identidad del comprador, evitando así que se utilicen cuentas de terceros para vulnerar la ley.
Contexto sanitario y fiscalización
La urgencia del proyecto se sustenta en cifras preocupantes del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Los datos indican que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol en Chile se sitúa en torno a los 13,8 años, revelando además que más del 60% de los jóvenes comienza a beber antes de los 15 años.
Desde la bancada de la UDI, enfatizaron que la responsabilidad de evitar estos hechos no puede recaer únicamente en el repartidor, sino que debe formar parte integral del proceso de venta digital. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de discusión legislativa, y existe una alta expectativa por parte de los autores de la iniciativa de que avance con la mayor celeridad posible para proteger a niños y adolescentes. ¿Logrará esta medida estandarizar la fiscalización en un mercado digital que crece sin pausas en el país?
