Una fuerte controversia sacude al barrio Bellavista en Providencia, tras la reciente instalación de una funeraria vinculada al empresario Iván Martínez. El recinto, ubicado en Avenida Santa María, fue promocionado bajo un concepto de alto estándar que promete espacios de descanso y permanencia prolongada. Sin embargo, los residentes locales han alzado la voz, advirtiendo sobre el impacto negativo que esta actividad podría ejercer en la convivencia diaria, la seguridad del sector y el tránsito nocturno.
Preocupaciones por la seguridad en el barrio
La Junta de Vecinos de Bellavista ha liderado el rechazo al proyecto, exigiendo una mayor fiscalización por parte de las autoridades. La principal inquietud de los habitantes radica en que este establecimiento pueda convertirse en un epicentro para “funerales de alto riesgo” o eventos fúnebres de gran complejidad. Los dirigentes vecinales subrayan que el barrio es una zona residencial y patrimonial que ya enfrenta desafíos críticos, como ruidos molestos, consumo de drogas y un notorio deterioro del espacio público.
Como Junta de Vecinos, hemos planteado formalmente estas inquietudes ante las autoridades comunales, solicitando que se consideren los antecedentes y preocupaciones de la comunidad. Hoy, ante el inicio efectivo de su funcionamiento, reiteramos la necesidad de contar con información clara, fiscalización oportuna y medidas preventivas que permitan resguardar el bienestar de vecinas y vecinos.
La postura del municipio y el futuro del local
La Municipalidad de Providencia confirmó que el recinto opera actualmente bajo una patente provisoria como oficina administrativa. Según el municipio, el solicitante cumplió con los requisitos legales para este permiso, aunque la situación escaló tras una serie de reclamos ciudadanos el pasado 9 de mayo por ruidos molestos y mal estacionamiento de vehículos en las inmediaciones.
Ante estos hechos, el municipio realizó una fiscalización donde se constató que la actividad realizada no correspondía al giro autorizado, derivando en una infracción y la citación de la empresa al Juzgado de Policía Local. Actualmente, la municipalidad ha informado que oficiará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana para auditar si el proyecto cumple con el Reglamento General de Cementerios y los estándares sanitarios exigidos. La comunidad se mantiene en alerta, a la espera de ver si las medidas preventivas prometidas serán suficientes para frenar lo que consideran una amenaza a la tranquilidad del barrio.
