El impacto del fin de la producción de remolacha
El Gobierno ha iniciado un despliegue en terreno en la región de Ñuble para evaluar las graves consecuencias que traerá la suspensión de la compra de remolacha anunciada por Iansa. El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, junto al seremi de la cartera en la zona, Juan Luis Enríquez, lideraron las gestiones tras el complejo anuncio de la empresa.
La medida ha generado una serie de reuniones de urgencia tanto a nivel central como en las comunas de Chillán y San Ignacio, identificadas como los sectores más perjudicados. El diagnóstico técnico del Ministerio de Agricultura revela que la afectación alcanza unas 6.200 hectáreas productivas a nivel nacional, de las cuales 4.200 hectáreas pertenecen a 236 agricultores ya catastrados por las autoridades.
¿Qué pasará con los agricultores tras el cese de Iansa?
Tras recorrer los campos afectados, el subsecretario Francesco Venezian fue tajante al descartar una marcha atrás en la decisión empresarial. El personero de Gobierno detalló las instancias de diálogo sostenidas con los diversos actores del sector:
Lamentablemente, la decisión de dejar de operar y sembrar remolacha ya no tiene vuelta atrás, por lo menos por estas próximas temporadas. Hemos tenido reuniones con la industria, con la Federación Nacional de Remolacheros y con productores para explicar qué es lo que se ha ido trabajando, cómo podemos abordar de mejor forma esta problemática.
Por su parte, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, destacó que la región posee una identidad histórica vinculada estrechamente al agro, especialmente en los rubros de remolacheros y cerealeros. Si bien reconoció que han recibido noticias desfavorables, valoró la presencia de las autoridades nacionales en la zona para canalizar el impulso que requiere el campo ñublino.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura mantiene como eje principal de su estrategia entablar conversaciones con otras agroindustrias. El objetivo central de estas gestiones es determinar cuántas de ellas tienen la capacidad técnica y operativa para absorber las superficies productivas que quedarán disponibles tras el retiro de Iansa. El futuro de los 236 agricultores catastrados depende ahora de la efectividad de estos acercamientos comerciales.
