Corea del Norte ha formalizado un drástico cambio en su Constitución que establece el lanzamiento automático de un ataque nuclear en caso de que su líder, Kim Jong Un, sea asesinado. Esta enmienda fue ratificada durante la XV Asamblea Popular Suprema, desarrollada a principios de abril en la capital, Piongyang, según reportes de The Telegraph.
¿Qué implica la nueva doctrina de defensa norcoreana?
El informe del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur detalla que el régimen norcoreano ha intensificado la protección de la familia Kim, influenciado por los recientes acontecimientos en Irán con la figura de Alí Jamenei. La nueva normativa legal es clara en sus términos:
Si el sistema de mando y control de las fuerzas nucleares del Estado (Kim Jong Un) se ve amenazado por ataques de fuerzas hostiles, se lanzará un ataque nuclear de forma automática e inmediata.
Andrei Lankov, académico de Relaciones Internacionales en la Universidad Kookmin de Seúl, sostiene que al incluir esta política en la carta fundamental del país, el régimen no solo proyecta una amenaza directa hacia Corea del Sur y Japón, sino que también revela una profunda vulnerabilidad. Para el experto, el temor de los líderes ante una operación de decapitación —similar a las ejecutadas por fuerzas estadounidenses e israelíes— ha sido el principal motor de este ajuste.
El fin de la reunificación y la hostilidad permanente
Junto a esta medida nuclear, la Asamblea Popular Suprema eliminó cualquier referencia constitucional sobre la posible reunificación con el sur. Esta decisión profundiza la narrativa impulsada por Kim Jong Un, quien ha ordenado borrar elementos simbólicos como el Arco de la Reunificación en Piongyang.
Ya en octubre de 2024, la agencia estatal KCNA había anunciado que se definiría formalmente a Corea del Sur como un “Estado hostil”. Según el comunicado oficial, esta medida se justifica ante las graves circunstancias de seguridad que, a juicio del régimen, estarían empujando a la península al borde de la guerra debido a las provocaciones políticas y militares de potencias extranjeras. El escenario actual marca un punto de no retorno en la diplomacia regional, dejando abierta la interrogante sobre cómo responderá la comunidad internacional ante este nuevo estatus legal de confrontación permanente.
