Los acusados por el homicidio calificado de un estudiante en Lota, ocurrido en abril de 2024 en la región del Bío Bío, esperarán el desarrollo de su nuevo juicio oral con medidas cautelares rebajadas. Dos de los tres implicados dejaron el arresto domiciliario total para pasar a una privación de libertad nocturna en sus respectivas viviendas.
La decisión fue adoptada tras la solicitud de la defensa, argumentando que no existe una necesidad de mantener la cautelar previa al cumplirse más de dos años desde su implementación, sumado a la importancia de la reinserción social. El juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Daniel Inzunza, validó este cambio al confirmar que los imputados han mantenido una conducta adecuada durante el proceso.
Detalles de la resolución judicial
Sobre el comportamiento de los acusados, el magistrado Daniel Inzunza fue enfático en señalar la ausencia de faltas durante el periodo previo.
El tribunal ha arribado a la siguiente conclusión: que los acusados han aparecido sujetos a medidas cautelares privativas y restrictivas de alta intensidad de manera continua durante dos años, lo que no ha sido discutido por ninguna de las partes bajo la figura del arresto domiciliario total. Por lo demás, se tiene presente que los acusados, ambos, han cumplido con esta medida, no se registran incumplimientos en el sistema y, por lo demás, se da cuenta que han asistido a los actos del procedimiento.
La nueva disposición establece que ambos jóvenes deberán permanecer en sus domicilios registrados entre las 22:00 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Además, deberán someterse a la vigilancia de una institución para un programa de reinserción social. Respecto al tercer implicado en este caso, se informó que mantiene su medida cautelar de arraigo nacional.
Expectativas ante el nuevo juicio oral
El caso, que conmocionó a la comunidad por el brutal asesinato del estudiante Jeremy en Lota, se encuentra en una etapa crítica de cara a la justicia. La Fiscalía busca aplicar para los tres sujetos —quienes eran menores de edad al momento del crimen— la pena máxima que permite la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: 10 años de régimen cerrado.
La necesidad de un nuevo juicio surge tras la anulación del proceso anterior, originada por una incompatibilidad de las defensas, debido a que dos de los imputados entregaron relatos distintos tras renunciar a su derecho a guardar silencio. La audiencia está programada para el próximo 10 de junio, fecha en la que se buscará esclarecer definitivamente los hechos y determinar las sanciones definitivas para los responsables.
