La tramitación de la Ley Lafkenche ha generado un intenso debate entre los distintos actores de la zona costera. Ante las acusaciones de los gremios de la pesca artesanal, quienes denuncian estar marginados de las eventuales modificaciones a la normativa, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, salió al paso para asegurar que la autoridad gubernamental incorporará a todos los sectores interesados en el proceso.
El cuestionamiento central sobre la ley radica en los frenos que impondría a las inversiones productivas. Según los críticos, la alta burocracia en la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), sumada a denuncias por extorsión y recursos de protección interpuestos por pescadores afectados, hace necesaria una reforma urgente. El Gobierno ya trabaja en ajustar una moción parlamentaria existente para modernizar la aplicación de la norma.
¿Cuál es el conflicto con la Ley Lafkenche?
La preocupación de los pescadores artesanales en la región de Los Lagos se basa en una supuesta disparidad en el trato, donde acusan que la industria salmonera ha tenido mayor acceso al diálogo. En respuesta, Osvaldo Urrutia aclaró que la propuesta pasó por una revisión técnica y que se abrirán espacios de conversación.
El proyecto lo hemos estado preparando a nivel técnico, lo estamos recién conversando con otros órganos públicos y después de eso vamos a comenzar una discusión en instancias como este taller y luego lo vamos a llevar a consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura y la Comisión de Pesca antes de ingresarlo al Congreso.
Por su parte, Ángela Saavedra, representante del Consejo del Salmón en la misma región, subrayó la urgencia de establecer reglas claras. Según su análisis, el borde costero requiere certeza jurídica para todos los sectores que operan en él, debido a la incertidumbre que genera el sistema actual.
Impacto y plazos de tramitación
La normativa actual permite que, al solicitar un ECMPO, cualquier actividad económica en curso se paralice mientras se resuelve la petición. Este proceso puede demorar, en promedio, hasta 10 años. La problemática se agudiza por la extensión de las áreas solicitadas, citando casos que buscaban abarcar gran parte del seno del Reloncaví —incluyendo Hualaihué, Puerto Montt y Calbuco— o solicitudes de hasta 600 mil hectáreas en la región de Aysén.
El escenario se complejiza aún más con investigaciones criminales por presuntos sobornos a emprendedores para desafectar áreas operativas y diversos recursos judiciales por incumplimientos en los planes de manejo del ECMPO. Actualmente, el Gobierno mantiene el compromiso de discutir la iniciativa en talleres regionales y ante las comisiones técnicas antes de su ingreso formal a trámite legislativo, marcando una etapa decisiva para definir el futuro de la normativa en el país.
