Un caso que marcó a Chile y Estados Unidos
La familia de Valentina Orellana Peralta, la adolescente chilena fallecida en diciembre de 2021 tras recibir el impacto de una bala policial en EE.UU., confirmó que continuará con su demanda judicial pese a un reciente revés legal. El caso ha generado una profunda indignación tras conocerse que un tribunal de California determinó que el oficial William Dorsey Jones Jr. no tuvo responsabilidad en el deceso de la joven de solo 14 años.
Cronología de una tragedia en Los Ángeles
El fatídico suceso ocurrió el 23 de diciembre de 2021, cuando Valentina se encontraba junto a su madre en una tienda de ropa en Los Ángeles buscando vestidos para las fiestas de fin de año. En ese momento, un hombre inició un violento incidente en el local, lo que activó un operativo policial de emergencia. El oficial Jones Jr. ingresó al recinto convencido de que enfrentaba a un tirador activo, bajo la premisa de que el sospechoso portaba una pistola, cuando en realidad solo llevaba un candado para bicicletas.
El fallo judicial y la reacción de la familia
Durante el procedimiento, el agente efectuó disparos contra el individuo. Uno de esos proyectiles atravesó la pared del probador donde Valentina y su madre se resguardaban, causándole la muerte instantánea a la menor. Tras cuatro años de litigio, un jurado determinó que el uniformado no actuó con negligencia, fundamentando su decisión en los registros de las cámaras corporales, las cuales mostraron que las víctimas estaban fuera del rango visual del oficial al momento de disparar.
La batalla judicial continúa contra el LAPD
La defensa del agente sostuvo que el policía operó bajo una percepción de riesgo extremo, tomando decisiones en apenas segundos ante lo que creía era una amenaza mortal inminente. Por el contrario, los padres de la adolescente, Soledad Peralta y Juan Pablo Orellana, han rechazado categóricamente el fallo. La familia reafirmó su determinación de seguir adelante con la demanda civil contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), argumentando que el actuar policial fue apresurado y desproporcionado.
La familia sostiene que el oficial no evaluó el entorno y utilizó fuerza letal en un espacio con presencia de civiles, omitiendo que el sospechoso no portaba un arma de fuego.
El equipo jurídico de los Peralta busca establecer responsabilidades institucionales, apuntando a las fallas críticas en los protocolos de actuación utilizados por el LAPD aquel día. La lucha por obtener justicia para Valentina Orellana Peralta se mantiene como una prioridad para sus padres, quienes consideran fundamental que el sistema judicial evalúe la desproporción en el uso de la fuerza que terminó con la vida de su hija.
