El Gobierno de Chile ha iniciado una ofensiva administrativa para concretar la expulsión de extranjeros detenidos en marchas marcadas por hechos de violencia en la capital. Según reportes del Servicio Nacional de Migraciones, los procesos de revocación de residencia se han acelerado tras los incidentes registrados en las movilizaciones del 26 de marzo y del 1 de mayo de 2026, donde varios individuos fueron denunciados por desórdenes públicos, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y portar armas blancas.
Casos emblemáticos y procesos administrativos
Uno de los casos más destacados es el del ciudadano argentino Andrés Alexis Vergara. El sujeto, quien ingresó a Chile como turista en 2019 y posteriormente fue denunciado por residencia irregular, resultó detenido tras la marcha del 26 de marzo. La Subsecretaría del Interior dictó una resolución de expulsión que fue notificada el 13 de abril y ejecutada exitosamente el 22 de abril a través del paso fronterizo Los Libertadores.
Paralelamente, otros cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, peruana y colombiana enfrentan procesos de revocación de visa. Entre ellos destaca el caso de Diego Andrés Rivera Silvestre, ciudadano colombiano que ingresó al país por un paso no habilitado. Rivera Silvestre ya acumulaba un historial previo por porte de arma blanca y fue detenido nuevamente el 1 de mayo por tráfico en pequeñas cantidades. Por otro lado, el ciudadano peruano Juan Piero Gazzolo Champac, arrestado en la marcha del 26 de marzo, se mantiene bajo análisis administrativo.
Expulsión de implicado en secuestro extorsivo
Más allá de las manifestaciones, las autoridades concretaron la salida del país de Víctor Hugo Paladines Pinargote, ciudadano ecuatoriano que mantenía una orden de detención vigente en su país por secuestro extorsivo. Tras una alerta emitida por Interpol Chile y la confirmación de vínculos con una asociación ilícita, el Servicio Nacional de Migraciones decretó su expulsión en noviembre de 2025.
A pesar de maniobras evasivas para evitar la acción policial y la presentación de un recurso ante la Corte Suprema, se confirmó que dicho trámite no impedía la medida administrativa. Finalmente, Paladines Pinargote fue detenido por personal policial y trasladado a dependencias de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. Su expulsión se materializó la madrugada de este viernes, cerca de las 00:30 horas, en un vuelo comercial con destino fuera del territorio nacional.
Actualmente, las autoridades continúan monitoreando a otros implicados en desórdenes, manteniendo abierta la posibilidad de sumar nuevas expulsiones administrativas mientras los procesos judiciales pendientes avanzan. ¿Seguirá esta política de mano dura siendo el estándar para extranjeros que participen en actos violentos durante manifestaciones?
