Un duro golpe al crimen organizado se concretó en el Gran Concepción tras las tres extensas audiencias realizadas en el Juzgado de Garantía local. El tribunal determinó que 20 de los 23 imputados, acusados de integrar una banda vinculada al Tren de Aragua, deberán permanecer en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.
La investigación, que incluyó diversos allanamientos, permitió a la Fiscalía formalizar a los sujetos por delitos de alta gravedad, entre ellos asociación criminal, secuestro, homicidio y tráfico de drogas. Del total del grupo procesado, solo dos personas quedaron sin medidas cautelares, mientras que uno de los involucrados fue sentenciado a arresto domiciliario total.
El rol de la banda y el líder apodado ‘Volteo’
El fiscal Michelangelo Bianchi, quien lidera las indagatorias, explicó que la magnitud de los crímenes cometidos justificó la solicitud de las medidas privativas de libertad. Según los antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el modo de operar de esta organización consistía en extorsionar, amenazar y robar a pequeños empresarios venezolanos bajo la fachada de brindarles servicios de seguridad.
Dada la gravedad de estos hechos y el número de delitos que se le imputaba a esta organización criminal, principalmente a sus líderes, brazos operativos y otras personas que formaban parte de aquella, se solicitó la cautelar de prisión preventiva, lo que fue decretado por el Tribunal de Garantía de Concepción.
El persecutor confirmó además la conexión directa de los integrantes con la banda transnacional. En particular, identificó al cabecilla del grupo, un sujeto apodado ‘Volteo’, quien registra detenciones previas en Perú por delitos vinculados al Tren de Aragua. Se sospecha que otros miembros también mantendrían nexos con esta misma estructura extranjera.
Pruebas y plazos de la investigación
Durante la audiencia de formalización, la PDI presentó interceptaciones telefónicas como evidencia clave para acreditar las conductas ilícitas de la banda en el Gran Concepción. En cuanto a la defensa, mientras la mayoría es representada por la Defensoría, ocho imputados cuentan con abogados particulares, como Andrés Méndez, quien ya anunció que apelará a las cautelares decretadas debido a la reserva que mantiene la causa.
Por ahora, el tribunal estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. Las autoridades no descartan que, con el avance de las pericias y la revisión de los antecedentes, surjan nuevas órdenes de detención que permitan desarticular por completo la influencia de esta organización en la zona.
