Un nuevo golpe judicial recibió el gobierno de Donald Trump este jueves, luego de que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ordenara frenar la imposición de un arancel global del 10% sobre la gran mayoría de las importaciones. La justicia determinó que el mandatario invocó de manera errónea una ley comercial con décadas de antigüedad para validar estos gravámenes.
¿Por qué se declaró ilegal esta medida comercial? Según el fallo, el Ejecutivo utilizó incorrectamente una legislación obsoleta para aplicar los impuestos el pasado febrero. Esta resolución judicial beneficia inicialmente a las dos empresas que presentaron la demanda y protege al estado de Washington, impidiendo la aplicación del tributo en estos casos específicos.
El historial de disputas legales por aranceles
Este revés legal se suma a una serie de conflictos previos que han marcado la relación entre la Casa Blanca y las cortes federales. Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló otros paquetes de medidas similares, argumentando que los aranceles «recíprocos» impuestos a casi la totalidad de los países eran ilegales. El máximo tribunal concluyó que el presidente se excedió en sus atribuciones al intentar utilizar la International Emergency Economics Powers Act (IEEPA), un cuerpo legal que no facultaba al mandatario para fijar este tipo de impuestos.
La sentencia de la Corte Suprema provocó una oleada de demandas por parte de diversas compañías, las cuales exigen la devolución de los fondos recaudados por concepto de tarifas de importación desde que comenzó la controversia.
¿Qué sigue tras el fallo?
A pesar de la arremetida judicial, el equipo de Trump ha intentado sortear los bloqueos de forma recurrente. Horas después de que se conociera la decisión del Tribunal de Comercio Internacional, el mandatario anunció que impondría un nuevo gravamen del 10%, esta vez amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Por su parte, el Departamento de Justicia mantiene abierta la posibilidad de impugnar este último fallo. De avanzar en esta estrategia, el caso llegaría nuevamente al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, instancia que ya ha emitido sentencias contrarias a los intereses de la administración. La incertidumbre sobre si estas tasas podrán sostenerse legalmente mantiene en vilo tanto a los importadores afectados como a los sectores productivos que ya exigen reembolsos significativos.
