Un polémico cierre tuvo el segundo juicio por el millonario fraude en la DAS Talcahuano, caso que investigaba irregularidades en la Dirección de Salud Municipal de la comuna en la Región del Bío Bío. Pese a la magnitud del caso, iniciado en 2019 con una pérdida estimada de 500 millones de pesos, el proceso terminó con sanciones mínimas que han sido cuestionadas por su baja severidad y el alto gasto público que implicó el litigio.
El resultado del juicio y las penas impuestas
El único funcionario público implicado en esta arista, el exjefe de Abastecimientos de la entidad, Juan Eduardo Garcés, fue condenado a 5 años de libertad vigilada. El Tribunal Oral de Concepción lo halló culpable de fraude al Fisco, aunque descartó el delito de cohecho, lo que influyó directamente en la levedad de la sentencia. Por su parte, los empresarios involucrados, Fabián Gerli y Paola Cifuentes, recibieron condenas de 3 años y 730 días respectivamente, ambas bajo el régimen de remisión condicional de la pena.
Cuestionamientos a la estrategia de la Fiscalía
La defensa de los imputados calificó el juicio como una pérdida de recursos del Estado. El abogado Raúl Bustos, representante de Garcés, calificó la condena como justa, argumentando que la prueba presentada por el Ministerio Público fue “bastante débil”. En tanto, el defensor penal Mauricio Massa, quien representó a Fabián Gerli, fue tajante al criticar la gestión de la fiscal anticorrupción María José Aguayo:
Todos los recursos públicos gastados en este juicio oral, creo que sobrepasan por mucho la cifra que fue defraudada desde la Municipalidad de Talcahuano. La Fiscalía pudo haber obtenido las condenas en un procedimiento abreviado, evitando un proceso costoso.
El caso, que fue seguido de cerca por el Consejo de Defensa del Estado como querellante, logró acreditar el fraude mediante licitaciones adjudicadas por obras no ejecutadas. Sin embargo, no fue posible comprobar los sobornos denunciados. Tras este desenlace, queda en duda si la estrategia judicial fue la más eficiente para el erario fiscal, considerando que el costo del despliegue en el tribunal habría superado el perjuicio económico original de los 500 millones de pesos.
