La Sala del Senado dio un paso clave en la agenda migratoria al aprobar, en general, el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso irregular al territorio nacional. La iniciativa, que contempla modificaciones a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, fue respaldada por 24 votos a favor y 20 en contra, permitiendo que la propuesta continúe ahora con su tramitación legislativa en el Congreso.
Uno de los puntos críticos de la sesión fue la definición del quórum necesario para avanzar. Aunque la Comisión de Gobierno había despachado el texto bajo la categoría de Ley Orgánica Constitucional, una reunión de Comités, a solicitud del Comité Unido, derivó en una resolución de la presidencia del Senado y la Secretaría: se determinó que el proyecto requiere mayoría simple, el mismo estándar con el que llegó desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Ante esto, la senadora Yasna Provoste anunció una reserva de constitucionalidad, sosteniendo que ciertos artículos exigen un quórum superior, citando observaciones previas de la Corte Suprema.
Debate sobre el impacto y alcance de la medida
Durante la discusión, los parlamentarios oficialistas defendieron la propuesta como una herramienta disuasiva y no como una medida punitiva contra la totalidad de los migrantes.
“No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”
, señalaron los legisladores, quienes recalcaron que el texto incluye resguardos específicos para menores de edad y personas que soliciten refugio, además de mecanismos para evitar un colapso en el sistema judicial y carcelario.
En la vereda opuesta, senadores de oposición cuestionaron la eficacia de la norma. Argumentaron que el proyecto podría generar una sobrecarga operativa para la PDI y las Fuerzas Armadas, además de desplazar el control migratorio hacia el Ministerio Público. Asimismo, advirtieron sobre posibles conflictos con tratados internacionales de derechos humanos y calificaron la medida como ineficaz frente a los desafíos que impone el crimen organizado en el país.
Próximos pasos legislativos
Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, intervino para anunciar que el Ejecutivo presentará indicaciones con el objetivo de “mejorar la arquitectura” de la iniciativa, calificándola como un insumo esencial para abordar la actual emergencia migratoria. La discusión no se cierra aquí: se estableció como plazo fatal el mediodía del jueves 28 de mayo para que los parlamentarios presenten sus indicaciones al articulado.
¿Logrará el Ejecutivo equilibrar las demandas de seguridad con los estándares internacionales de derechos humanos durante la fase de indicaciones? El futuro del proyecto depende ahora de la capacidad de consenso que se logre en la etapa de perfeccionamiento legislativo.
