Defensa ante la Comisión de Vivienda
El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se presentó este martes ante la Comisión de Vivienda del Senado con el fin de despejar dudas respecto a las acusaciones sobre la supuesta compra de terrenos con sobreprecios durante su administración. El exsecretario de Estado enfatizó que su visita tenía el objetivo central de aclarar el contenido del Informe Final N° 421 de la Contraloría, documento que analiza la adquisición de paños destinados al Plan de Emergencia Habitacional.
Montes fue enfático al señalar que, tras revisar el reporte del ente fiscalizador, no existen pruebas de irregularidades financieras. «No hay hallazgos en el informe ni ninguna afirmación en el informe en esa dirección», sostuvo el exministro, desestimando las versiones que han circulado en el debate público respecto a un perjuicio fiscal.
Sobreprecios y gestión del Estado
Durante su intervención, el exsecretario de Estado criticó duramente las interpretaciones que han vinculado su gestión con sobrecostos. «Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad», afirmó Montes, agregando que la Contraloría nunca utilizó ese término ni determinó daños al erario público. Según explicó, lo que el órgano contralor realizó fueron recomendaciones para mejorar la gestión y los procedimientos internos en una política pública de carácter complejo y largo aliento.
El exministro también destacó que, bajo su mando, se ha fortalecido el sistema de gestión de suelos mediante la aplicación de la ley 21.450 y sus diversos instrumentos. Insistió en que las observaciones de la Contraloría se centraron en «insuficiencias procedimentales, no delitos, no sobreprecio, no actos de corrupción», apuntando exclusivamente a la prevención de riesgos y la optimización de los procesos administrativos.
Contexto de la controversia
La comparecencia de Montes ocurre en un ambiente político de alta tensión, marcado por la posibilidad de que sectores del oficialismo impulsen una acusación constitucional en su contra. Mientras el debate se mantiene en el Congreso, el exministro reafirmó su postura de que no existen fundamentos técnicos para tales medidas, defendiendo la integridad de los procesos de adquisición habitacional desarrollados bajo su gestión.
