La Bancada del Partido de la Gente (PDG) oficializó su rechazo a los planes del Gobierno de eliminar la franquicia tributaria de capacitación. Los parlamentarios sostienen que la propuesta del Ejecutivo nace de una lectura equivocada del informe N.º 631 de la Contraloría General de la República (CGR), lo cual podría generar daños estructurales en el sistema de formación laboral chileno.
Según los legisladores del PDG, existe una confusión técnica grave: el documento citado por la autoridad evalúa el Fondo Nacional de Capacitación (Foncap), un mecanismo con recursos fiscales que enfrenta dificultades de gestión, y no la franquicia tributaria. Esta última es un instrumento privado que permite a las empresas descontar del pago de impuestos hasta el 1% de su planilla anual de remuneraciones.
Confundir ambos sistemas no es un error menor, es un error de diagnóstico que puede llevar a desarmar un mecanismo que sí funciona, mientras se dejan intactos los problemas donde realmente están.
El impacto de este sistema es masivo. Actualmente, la franquicia involucra a 9.270 empresas: 4.917 grandes, 2.195 medianas, 1.538 pequeñas y cientos de microempresas. En total, esta inversión privada moviliza más de $211 mil millones anuales, de los cuales cerca del 26% —equivalente a unos $55 mil millones— retorna directamente a las arcas del Estado mediante impuestos. Además, permite capacitar a más del 10,7% de la fuerza laboral formal del país.
Consecuencias de eliminar la franquicia tributaria
Desde el PDG advirtieron que la eliminación o un debilitamiento drástico de este instrumento tendría efectos devastadores para la economía. Las proyecciones del partido indican que se podrían perder más de 30.000 empleos directos, mientras que otros 80.000 puestos indirectos quedarían en riesgo inminente. Asimismo, calculan que el cierre de unas 3.100 pymes sería una consecuencia directa, afectando potencialmente a más de 200.000 personas.
Los diputados fueron tajantes al señalar que el Gobierno no cuenta con sus votos en el Congreso para avanzar con esta medida. Recalcaron que incluso informes técnicos previos, como los elaborados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), no sugieren eliminar el beneficio, sino rediseñarlo y aplicar una mayor focalización.
El emplazamiento final de la bancada es claro: el Ejecutivo debe concentrar sus esfuerzos en solucionar los problemas reales de gestión detectados en el Foncap. En palabras del grupo parlamentario, la discusión debería centrarse en cómo fortalecer y mejorar la capacitación de la clase media y emergente en lugar de desmantelar un sistema que, a su juicio, dinamiza la inversión y genera puestos de trabajo en todas las regiones de Chile. La postura del PDG deja la pelota en el campo del Gobierno, que ahora deberá decidir si mantiene su postura o accede a reformular su propuesta legislativa.
