La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestó su firme rechazo a la posible eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El gremialismo instó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a optar por una modernización del sistema en lugar de suprimir el beneficio, en el marco de las discusiones sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción.
El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa esta propuesta con el objetivo de generar un ahorro fiscal estimado en US$300 millones anuales. No obstante, la intención ha generado fricciones en diversos sectores ligados a la capacitación laboral, donde califican la medida como un “error histórico” y advierten sobre los efectos negativos que esto podría desencadenar en la empleabilidad y la formación de los trabajadores chilenos.
¿Qué es la franquicia Sence y cómo funciona hoy?
Actualmente, este beneficio permite que las empresas que tributan en primera categoría descuenten de sus impuestos los montos destinados a programas de capacitación y certificación de competencias laborales. Este instrumento está diseñado para apoyar a trabajadores, potenciales colaboradores y extrabajadores.
Para acceder a la franquicia, el sistema exige que las empresas cuenten con una planilla de remuneraciones imponibles superior a 35 UTM y que mantengan al día la totalidad de las cotizaciones previsionales de su personal. La normativa busca incentivar la inversión privada en capital humano, facilitando el acceso a formación técnica especializada.
La postura del Gobierno ante la controversia
Pese a las críticas surgidas desde el Congreso y el sector privado, el Ejecutivo salió al paso de las preocupaciones aclarando los alcances de la iniciativa. Según señalaron fuentes gubernamentales, la eliminación planteada no implica el cierre del Sence ni la interrupción de las capacitaciones que el servicio ofrece, sino que se limita estrictamente a retirar el incentivo tributario del que gozan las empresas.
La discusión se mantiene abierta mientras el proyecto de ley avanza en sus trámites. Queda por ver si el Ministerio de Hacienda aceptará la propuesta de la bancada UDI de modernizar el sistema actual en lugar de ejecutar la supresión del beneficio, una medida que sigue siendo objeto de debate por su potencial impacto en la productividad nacional.
