¿Qué es SocialTazk?
La investigación que enfrenta el exdiputado Joaquín Lavín León (UDI) ha puesto en el centro de la polémica a SocialTazk, una plataforma digital diseñada para el almacenamiento, gestión de bases de datos de electores y el envío masivo de mensajería de texto. Según la fiscal Constanza Encina, este proyecto fue gestado desde el año 2007 por Lavín junto a Felipe Vásquez Diéguez.
El Ministerio Público sostiene que el software fue desarrollado mediante el soporte de la sociedad Modo 74 SpA. Lo crítico de este punto es que dicha empresa fue financiada mayoritariamente con dinero público, específicamente mediante la rendición de facturas que el parlamentario presentó como gastos operacionales asociados a su labor legislativa.
La trama de las facturas falsas
Durante la formalización del exdiputado, la Fiscalía reveló que se habrían rendido documentos tributarios ideológicamente falsos por un monto superior a los $100 millones. El esquema incluía servicios de la imprenta MMG, donde el coimputado Juan Silva habría emitido más de 30 documentos sin respaldo entre febrero y noviembre de 2022.
La fiscal Encina explicó que las facturas no correspondían a servicios reales, sino que fueron creadas para financiar campañas electorales ya ejecutadas.
A raíz de estas gestiones, el Ministerio Público indicó que Lavín León obtuvo fraudulentamente 6 millones 400 mil pesos del Congreso Nacional bajo la figura de reembolso por gastos operacionales. En total, la indagatoria por fraude al Fisco en torno a este software y sus operaciones alcanzaría los 177 millones de pesos.
Call center electoral y malversación
La investigación detalla que, entre marzo de 2020 y agosto de 2024, el exdiputado instruyó a sus asesores, Arnaldo Domínguez y Felipe Vásquez, para dedicar jornadas laborales completas a alimentar la base de datos de SocialTazk. El objetivo era realizar campañas políticas telefónicas, operando de facto como un call center electoral.
Cabe recordar que la audiencia de formalización aborda cargos por tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil. Estos hechos se suman a la indagatoria central por el presunto fraude al Fisco, manteniendo a la opinión pública atenta a los antecedentes que surjan sobre el mal uso de recursos destinados a la labor parlamentaria.
