El Ministerio Público alista la formalización del empresario Karam Puali en el marco de las investigaciones por el denominado Caso Fundaciones. El imputado es señalado por el delito de fraude de subvenciones tras recibir 50 millones de pesos provenientes del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, fondos destinados originalmente a un programa de reactivación económica.
Esta arista judicial se desprende de la transferencia de cerca de 9 mil millones de pesos que el GORE efectuó entre 2022 y 2023 hacia la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo. Dicho programa buscaba beneficiar a más de 300 empresarios locales, sin embargo, el destino de los recursos para Inversiones MAK, representada por Puali, ha despertado las sospechas de la fiscalía.
Detalles de la investigación
El fiscal Raúl Espinoza confirmó que Puali es socio de Alejandro Martini Iriarte, exrepublicano quien también enfrentará cargos junto a su cónyuge por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Según los antecedentes del caso, Puali se adjudicó el monto máximo permitido por la agencia para el desarrollo de un proyecto: la construcción de una terraza.
No obstante, la realidad encontrada por el profesional de seguimiento del Gobierno Regional durante una visita en terreno distó drásticamente de lo reportado. Al llegar al establecimiento de Inversiones MAK, los fiscalizadores encontraron el local cerrado, la infraestructura desequipada y un evidente estado de descuido, a pesar de que el empresario ya había presentado rendiciones por el total de los 50 millones de pesos otorgados.
Contexto legal y proyecciones
La fiscalía formalizará esta semana a tres personas relacionadas con esta línea investigativa del Caso Fundaciones en La Araucanía. Es fundamental recordar que, conforme al artículo 04 del Código Procesal Penal, este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar a los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia definitiva.
¿Logrará la fiscalía acreditar el uso ilícito de estos fondos en las etapas posteriores del juicio o se desestimarán las pruebas presentadas ante el tribunal?
