Ante el complejo escenario que enfrenta la infancia en Chile, las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Tamara Ramírez y Flor Contreras, han solicitado formalmente convocar a una sesión especial de la Comisión de Desarrollo Social. El objetivo central es que el Ejecutivo explique los motivos detrás del recorte presupuestario al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en un momento donde las cifras sobre la protección de menores exigen soluciones inmediatas.
Datos alarmantes de la Defensoría de la Niñez
La arremetida parlamentaria se sustenta en el Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026, elaborado por la Defensoría de la Niñez. El documento revela una realidad crítica que incluye un aumento del 46,4% en las víctimas de violencia sexual y un preocupante incremento del 137% en los egresos hospitalarios vinculados a lesiones autoinfligidas.
Además, el reporte advierte que más de 41.000 niños y niñas permanecen actualmente en listas de espera para acceder a programas de protección especializada. Ante estos datos, ambas legisladoras, quienes integran la Comisión de Desarrollo Social, confirmaron el envío de oficios de fiscalización dirigidos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez) y el Ministerio de Salud.
La postura de las legisladoras
La diputada y presidenta de la comisión, Tamara Ramírez, calificó la situación como una alerta país que no admite indiferencia. Al respecto, señaló:
Estamos ante una alerta país. No podemos permitir que, mientras la violencia sexual y las autolesiones se disparan, el Gobierno responda con recortes presupuestarios al Ministerio de Desarrollo Social. Exigimos conocer cuáles son los planes del gobierno en esta materia, porque el Estado está llegando tarde.
Por su parte, la diputada Flor Contreras enfatizó en la falta de respuesta efectiva por parte del sistema público. En sus declaraciones, la parlamentaria manifestó:
Es incomprensible que tengamos a 41 mil menores estancados en el sistema de protección. Queremos saber qué está pasando con la coordinación de servicios y por qué la respuesta pública no es oportuna. No basta con diagnósticos, necesitamos saber cuántos casos se están perdiendo hoy en el laberinto de la burocracia por falta de recursos y gestión.
La sesión especial se perfila como un espacio clave para confrontar los planes del Gobierno con la realidad expuesta en el diagnóstico. Mientras se espera la fecha de la instancia, la incertidumbre se mantiene sobre si el Ejecutivo logrará destrabar los recursos necesarios para atender a los miles de menores atrapados en la burocracia estatal.
