La Fiscalía Metropolitana Oriente inició este lunes la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La investigación se centra en presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, afectando a las arcas públicas con un perjuicio fiscal que supera los $100 millones.
Extradición de exasesor marca la jornada
El inicio de la audiencia estuvo marcado por la ausencia de Felipe Andrés Vázquez Diéguez, exasesor parlamentario del imputado, quien actualmente reside en España. Ante este escenario, el Ministerio Público solicitó formalmente una orden de detención con el objetivo de iniciar el proceso de extradición para que el excolaborador pueda enfrentar la justicia en Chile. El tribunal acogió esta petición, activando los protocolos internacionales necesarios.
Según la minuta de la Fiscalía, las irregularidades se habrían extendido entre los años 2015 y 2026. El esquema investigado involucra la rendición de facturas ideológicamente falsas y la adulteración de documentos tributarios, diseñados para financiar actividades políticas utilizando fondos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a la labor parlamentaria.
El uso de facturas falsas y fondos electorales
La acusación detalla que se utilizaron al menos 14 facturas ideológicamente falsas, junto a cinco adulteradas y una anulada, logrando reembolsos improcedentes por un monto superior a los $12 millones. En varios casos, se modificaron fechas para cumplir con los plazos administrativos del Congreso.
Además, se identificó la creación de la plataforma “SocialTazk”, un software para gestión de datos electorales y envío de mensajería masiva. Este proyecto, desarrollado junto a Felipe Andrés Vázquez Diéguez, habría permitido obtener más de $90 millones en pagos injustificados. El Ministerio Público también investiga el presunto tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, donde Lavín León habría intervenido para gestionar contrataciones y accesos a bases de datos electorales.
Posturas contrapuestas en el tribunal
La defensa, representada por el abogado Cristóbal Bonacic, calificó la causa como una investigación “sesgada” y cuestionó la solicitud de medidas cautelares privativas de libertad:
“Nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y por lo tanto que se justifica una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia”.
En contraposición, el abogado querellante en representación del municipio, José Pedro Silva, fue enfático en señalar que buscarán las sanciones más graves contempladas en el ordenamiento jurídico: “Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico”. Al cierre de esta edición, la audiencia continúa desarrollándose para definir las medidas cautelares que pesarán sobre el exparlamentario.
