La posibilidad de interrogar a Nicolás Maduro por su presunta vinculación en el secuestro y posterior asesinato del ex teniente Ronald Ojeda ha ganado terreno en el ámbito judicial chileno. El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó en una reciente entrevista con T13 finde que la diligencia es técnicamente viable gracias a los convenios de cooperación vigentes entre Chile y Estados Unidos.
Según Valencia, la solicitud formal ya fue transmitida al Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, el fiscal aclaró que dicha entidad ha mostrado reticencias iniciales: “La petición ya estaría transmitida al Departamento de Justicia de EE.UU., quienes se negaron al menos por el momento, ya que entienden que esto podría afectar la investigación que ellos mismos están llevando a cabo”.
La arista política y judicial
El fiscal nacional enfatizó que el caso ha escalado a un nivel de relacionamiento entre Estados, donde el Ministerio Público ya realizó su labor técnica y solo queda a la espera de una resolución política por parte de Washington. En paralelo, el abogado querellante de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, detalló en La Radio que han impulsado gestiones propias para asegurar el interrogatorio.
Como querellante de la causa y como familia hemos hecho nuestras propias diligencias, también hemos solicitado eventual intervención del circuito 27 de Nueva York, cuestión que se encuentra en análisis y en avance.
Los desafíos legales del interrogatorio
Pese a la viabilidad técnica, existen complicaciones procesales importantes. El exfiscal Roberto Rabí advirtió que Maduro debería ser interrogado en calidad de imputado, una condición que complejiza el proceso. En la misma línea, Gonzalo Lobos, académico de la Universidad de las Américas, recordó que el exlíder venezolano mantiene derechos fundamentales ante la justicia.
“No hay que olvidar que el señor Maduro es imputado, y por tanto, aunque se vaya hasta allá y se le trate tomar declaración, él tiene el derecho a guardar silencio, de manera que la diligencia podría perfectamente terminar en eso”, sostuvo Lobos. Cabe recordar que el fiscal Héctor Barros, encargado de la investigación, ya solicitó formalmente acceso a la evidencia recabada desde la detención de Maduro el pasado 3 de enero en su residencia, quien permanece bajo custodia en una cárcel de Nueva York. La incertidumbre sobre si colaborará o guardará silencio es el próximo gran obstáculo en este caso que conmocionó al país.
