La Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur ha iniciado una ofensiva judicial contra el Estado chileno, presentando una demanda por $2.800 millones ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción. Esta acción legal, impulsada por una empresaria que perdió su fuente de trabajo debido a la violencia rural, marca el inicio de una serie de litigios que buscan reparación por la supuesta falta de servicio y los desplazamientos forzados provocados por los atentados.
¿Qué responde el Gobierno ante la demanda?
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, el delegado Pedro Marileo reconoció haber sido notificado de esta acción y defendió la gestión actual, señalando que existen mecanismos activos para compensar a los afectados. Según Marileo, actualmente funciona un Centro de Apoyo a Víctimas en Cañete destinado a resarcir económicamente las pérdidas materiales.
En un estado de derecho cada persona, cada organización puede realizar demanda, en este caso ya tomamos conocimiento de la demanda de la Fundación de Víctimas. Estamos realizando un catastro para ver si efectivamente se han ido entregando los recursos necesarios para suplir económicamente las pérdidas que han tenido, sostuvo Pedro Marileo.
No obstante, el delegado subrayó que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de ejercer las acciones legales que considere pertinentes ante los tribunales.
Críticas a la gestión en la Macrozona Sur
La oposición ha mantenido una postura crítica sobre la eficacia de estas ayudas estatales. La diputada Flor Weisse calificó las medidas actuales como insuficientes y desconectadas de la realidad del terrorismo en la zona. La parlamentaria enfatizó que eventos críticos, como la muerte de tres carabineros, demostraron una magnitud de violencia que el Ejecutivo no ha logrado contener ni comprender en su totalidad.
Por otro lado, la diputada Joanna Pérez recordó que estas acciones legales fueron advertidas anteriormente debido a la supuesta falta de servicio en seguridad. Pérez sostiene que, incluso a través de informes del INDH, se anticipó que el desplazamiento forzado de personas derivaría en demandas contra el Estado, un escenario que se concretó tras años de crisis en seguridad.
Actualmente, la Fundación de Víctimas del Terrorismo prepara nuevas acciones legales basadas en la premisa de que los desplazamientos forzados constituyen violaciones a los derechos humanos. El proceso judicial en el Tercer Juzgado Civil de Concepción será clave para determinar si el Estado es finalmente condenado a pagar estas compensaciones millonarias, sentando un precedente inédito para otras víctimas de la zona.
