El pasado profesional de Quintana
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana Olguín, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que, antes de asumir su cargo gubernamental, representó a miembros de una peligrosa red criminal. La información, difundida por Mega Investiga, detalla su intervención legal en causas vinculadas a portonazos y encerronas.
La autoridad fue parte de la defensa del grupo conocido como “Los Emprendedores”, una organización desarticulada en 2023 por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente. Esta red operaba mediante clanes familiares dedicados al robo de vehículos, maquinaria pesada y lavado de activos.
Defensa a “Los Emprendedores”
Dentro de este caso, el foco está en la representación que Quintana ejerció para Javier y Valentina Castro, hijos del líder de la banda, Santiago Castro Inostroza, conocido como “Clan Chago”. La investigación señala que el grupo utilizaba la empresa “Multitruck Spa” para facturar y transportar maquinaria sustraída, la cual era modificada y comercializada ilegalmente.
Ante estos antecedentes, Quintana explicó que su participación fue “exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional”. Según su versión, fue contactada por un colega abogado que atravesaba un duelo familiar, limitándose ella a solicitar la postergación de una audiencia, sin mantener vínculos adicionales con la causa.
Otros cuestionamientos y contexto ministerial
El reportaje también reveló una arista adicional: la defensa de un imputado extranjero acusado de infringir la Ley de Armas en abril de 2023. En dicha instancia, la actual subsecretaria argumentó ante el tribunal que el procedimiento policial “adolece de ilegalidad, dado que fue realizado con vulneración de garantías”. El tribunal acogió la postura de Quintana y terminó absolviendo al acusado.
Estos hechos coinciden con la controversia que afecta a la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert. La titular de la cartera ha sido cuestionada tras publicarse que mantiene una sociedad vigente con su exesposo, quien años atrás defendió a un condenado por delitos de drogas. Steinert rechazó tajantemente cualquier insinuación ética, aclarando que se trata de una sociedad sin movimientos desde hace 25 años, mientras que figuras como José Antonio Kast han intervenido en el debate señalando que el Gobierno debe dar la cara por estas situaciones.