El presidente Lula da Silva ha sufrido una dolorosa derrota legislativa en Brasil. El Congreso Nacional rechazó su veto a la ley que establece una reducción de pena para el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por el delito de golpismo. Esta decisión clave, ¿qué consecuencias tendrá en el panorama político brasileño y para el futuro judicial de Bolsonaro? La normativa, aprobada en diciembre, está lista para su promulgación, lo que significa un cambio drástico en las sentencias.
¿Cómo afecta esta nueva legislación la condena de Jair Bolsonaro? Con la aplicación de esta nueva normativa, solo se consideraría la pena más grave de sus sentencias, en este caso, la relacionada con el golpe de Estado. Este delito contempla hasta 12 años de prisión y no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel. Expertos indican que esta medida podría acelerar su progresión hacia el estatus semiabierto.
La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza similar y, crucialmente, acelera la progresión del condenado hacia un régimen semiabierto. Según análisis de expertos, el expresidente Jair Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, mucho antes de lo originalmente previsto bajo su condena de 27 años.
Durante el acalorado debate en el Congreso, las posturas fueron encontradas. El senador derechista Sérgio Moro calificó el veto del mandatario como “cruel” y defendió la reducción como una “cuestión de justicia”, argumentando que el Supremo había impuesto condenas “absurdas” a personas “simples”. Por otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y cercana colaboradora de Lula, afirmó que la medida “atentaba” contra la Constitución y la democracia. Además, criticó que la ley “minimizaba” la intentona golpista y abría la puerta a que eventos similares pudieran repetirse en el futuro.
La sentencia del Supremo establece que Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario. Su objetivo era mantenerse en el poder. Este intento culminó el 8 de enero de 2023 con el violento ataque a las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia, perpetrado por miles de sus seguidores, muchos de los cuales también han sido condenados por su participación.
Tras ser sentenciado, Bolsonaro cumplió aproximadamente 120 días de reclusión. Sin embargo, desde el pasado 27 de marzo, un juez le autorizó a pasar a un régimen de prisión domiciliaria temporalmente, debido a sus problemas de salud. Esta es su situación actual mientras se resuelve su estatus legal definitivo.
Este no es el único traspié que el Congreso le ha propinado al gobierno de Lula esta semana. Apenas un día antes, los senadores rechazaron al candidato presidencial al Supremo, un hecho sin precedentes en más de un siglo para un nombramiento de esta índole. La debilidad del gobierno progresista en un parlamento dominado por la derecha se ha hecho más evidente recientemente. Este escenario se agrava ante la cercanía de una intensa campaña electoral, con un resultado incierto y dos candidatos que, según las últimas encuestas, se encuentran en un empate técnico, proyectando un futuro político complejo para Brasil.
