La constructora San Sebastián anunció formalmente que acudirá a los tribunales para defender la legalidad de sus contratos y las más de 50 viviendas construidas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. La medida surge tras la decisión del Ministerio de Vivienda, encabezado por Iván Poduje, de ordenar la demolición de los inmuebles por supuestas deficiencias técnicas.
Desde la empresa califican las acusaciones como infundadas y sin respaldo técnico sólido. La controversia, que afecta directamente a damnificados por el megaincendio, tomó un giro judicial luego de que el propio Poduje firmara una denuncia contra el privado. Entre los cuestionamientos del ministerio figuran la falta de rigidez estructural, el uso de paneles no certificados como elementos sismorresistentes y falencias en la resistencia al fuego.
Defensa de la constructora y rol del IDIEM
La defensa de la constructora, liderada por el abogado Jaime Barrientos, sostiene que informes técnicos realizados por el IDIEM de la Universidad de Chile —encargados por la misma autoridad— descartaron riesgos estructurales severos. Según la firma, las observaciones detectadas son menores y perfectamente corregibles mediante soluciones técnicas viables, lo que desestimaría la necesidad de una demolición total.
Barrientos enfatizó que la empresa no puede asumir la responsabilidad sobre el diseño del proyecto, señalando directamente al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Según el letrado, el proyecto completo fue revisado, aprobado y certificado por el organismo estatal, por lo que la constructora solo se limitó a ejecutar lo mandatado por la autoridad competente.
Acciones paralelas y el rol de la Contraloría
Mientras la batalla judicial se prepara, otras autoridades han intervenido. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, sostuvo reuniones con representantes de los vecinos de El Olivar para explicar el alcance del recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema con el fin de detener las demoliciones. Mundaca sostiene que existe la posibilidad técnica de reforzar las estructuras sin necesidad de destruirlas.
El caso ha despertado el interés de la oposición, que busca esclarecer la legalidad de todo el procedimiento administrativo. La bancada de diputados PPD-Independientes, junto a otras figuras políticas, ha oficiado a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la veracidad de los informes utilizados como fundamento para justificar la demolición de estas viviendas. El conflicto permanece en fase de judicialización, a la espera de que la Corte Suprema defina el futuro de los hogares de estas familias damnificadas.
