La más reciente entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la quinta semana de abril, revela un complejo escenario para el Gobierno. Los datos muestran una caída profunda en las expectativas ciudadanas sobre la capacidad de la administración de José Antonio Kast para gestionar los pilares fundamentales del país: la seguridad, la economía y el control migratorio.
¿Cómo se traducen estas cifras en la percepción pública? El sondeo es tajante: la expectativa de controlar la inmigración se desplomó al 41%, lo que representa una baja de 20 puntos. En paralelo, la confianza en el crecimiento económico cayó al 33% (-19 puntos), mientras que la promesa de reducir la delincuencia también se estancó en un 33%, registrando una caída de 21 puntos respecto a mediciones anteriores.
Áreas de expectativas y prioridades ciudadanas
Pese al pesimismo generalizado en gestión, la ciudadanía aún mantiene expectativas sobre reformas específicas. Un 55% considera probable que se eliminen permisos para destrabar inversiones, mientras que el 54% ve factible permitir que los colegios públicos seleccionen a sus alumnos. Además, un 52% respalda la eventual eliminación de contribuciones a la primera vivienda.
No obstante, la agenda ciudadana sigue centrada en la urgencia social. Según Cadem, el 58% de los encuestados identifica la lucha contra la delincuencia y los homicidios como la principal prioridad nacional. Le siguen, a mucha distancia, las medidas de alivio para la clase media con un 29% y el proyecto de reconstrucción nacional, que alcanza un 21% de las preferencias.
El desgaste de la figura presidencial
La desaprobación de José Antonio Kast marca un punto de inflexión. El mandatario alcanzó un 57% de rechazo (+4 puntos), consolidándose como el nivel más alto registrado desde el inicio de su administración. Por otro lado, su aprobación se sitúa apenas en un 40%, sufriendo un retroceso de 1 punto.
En el ámbito fiscal, la encuesta arroja datos contrapuestos. Aunque un 63% de los consultados cree que el Estado cuenta con recursos suficientes (un alza de 20 puntos), persiste un juicio crítico sobre la administración de estos dineros. El 42% sostiene que el problema central es que el Estado “gasta mal” y un 33% denuncia la existencia de programas ineficientes.
A pesar de estas críticas, llama la atención la resistencia a los recortes presupuestarios propuestos. Un 59% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con la eliminación o revisión de 142 programas estatales, y un 54% rechaza explícitamente que los ministerios reduzcan su gasto en un 3%. Ante este escenario, la gran incógnita es si el Gobierno logrará revertir estas expectativas en los próximos meses o si el desgaste se profundizará en los sectores más sensibles para la opinión pública.
