El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse cifras que cuestionan su eficiencia operativa. Los diputados Cristóbal Martínez y Hotuiti Teao, de la bancada UDI, denunciaron que el 76,1% del presupuesto destinado a la entidad para el presente año se utiliza exclusivamente para el pago de remuneraciones, lo que equivale a unos $6.160 millones.
La crisis financiera del Injuv
Esta controversia surge en pleno ajuste fiscal, donde el Ejecutivo ha implementado una reducción del 3% en el presupuesto de la mayoría de las carteras. El Ministerio de Desarrollo Social decidió recortar $3.859 millones de los recursos asignados al instituto, argumentando que durante el año 2025 los programas de la institución llegaron a poco más de 30 mil jóvenes, lo que constituye apenas un 0,7% de la población objetivo.
Los parlamentarios oficialistas y de oposición observan con atención la posible creación de un organismo que reemplace al Injuv, debido a que el modelo actual es visto como una estructura burocrática excesiva.
¿Qué denuncian los parlamentarios?
Al analizar la Ley de Presupuestos 2026, donde se aprobaron $8.093 millones, se observa que la mayor parte se consume en gastos de personal. Según Martínez y Teao, existe una «distorsión absoluta» en el objetivo de la institución:
«No puede ser que casi el 80% de su presupuesto anual se destine a mantener una estructura burocrática en vez de llegar con programas concretos a los jóvenes de Chile. Eso explica, en parte, que el año pasado no se llegara ni siquiera al 1% de las personas que están en ese grupo etario».
Los diputados calificaron la situación como «insostenible» y cuestionaron las críticas recibidas por parte de la oposición, asegurando que prefieren proteger «operadores políticos» en lugar de velar por el impacto real de los fondos estatales. «Aquí pareciera que algunos en la oposición están más preocupados de cuidar los espacios políticos que de mejorar las oportunidades de los jóvenes», añadieron.
Proyección del modelo institucional
La bancada UDI defiende el recorte del Ministerio de Desarrollo Social bajo el argumento de que es necesario garantizar que cada peso invertido genere un impacto tangible. Para los legisladores, la cifra de $6.160 millones en sueldos frente a un presupuesto total de $8 mil millones es evidencia clara de un problema de diseño institucional.
Actualmente, el debate se centra en si el Injuv debe ser reformulado completamente o reemplazado. Mientras el Gobierno evalúa una nueva estructura, queda abierta la interrogante sobre si el sistema actual podrá sobrevivir a las presiones por eficiencia fiscal o si la reestructuración será inevitable para evitar que el gasto en personal siga superando la entrega de beneficios sociales para los jóvenes chilenos.
