En medio de una creciente controversia sobre el alcance real del ajuste fiscal en el país, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha salido a explicar cómo afectará la política de austeridad a su cartera. Aunque se confirman recortes en el presupuesto, las autoridades ministeriales insisten en que estas medidas no impactarán ni los beneficios ni la cobertura de los programas sociales. La defensa surge en un momento donde el debate ha saltado del terreno técnico al político, con voces que exigen mayor transparencia y cuestionan el cumplimiento de la promesa de campaña de Kast: que los derechos sociales son intocables.
Detalles y alcances del ajuste fiscal
La cartera liderada por el Ejecutivo ha confirmado un ajuste presupuestario de 2,24% para 2026, una cifra que se ubica por debajo del 3% originalmente exigido por Hacienda. Según explican desde el ministerio, esta decisión responde a criterios de “eficiencia” y no a una restricción severa, argumentando que se trata de corregir gastos mal asignados. “La medida se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas”, declararon mediante un comunicado oficial.
A pesar de esta postura, la narrativa del Gobierno se enfrenta a un escenario complejo, marcado por una propuesta del ministro Jorge Quiroz que contempla recortes masivos de hasta un 15% en 260 programas. Esta cifra genera inquietud, ya que dentro de los planes mencionados figuran pilares fundamentales como la PGU y el Subsidio Familiar, lo que ha encendido las alarmas de diversos sectores sobre la sostenibilidad del sistema de protección social.
Impacto en programas específicos
Para justificar cada rebaja, el ministerio ha entregado un detalle pormenorizado de los programas afectados:
- Ajuar: Presenta una caída del 10,5%. La autoridad explica que esto se debe a un stock de reserva sobredimensionado frente a una natalidad en descenso, garantizando que la entrega a las familias se mantiene íntegra.
- Diagnóstico clínico en niñez: Sufre un recorte del 23,6%. El ministerio reconoce una disminución del 42% en las derivaciones judiciales y una menor utilización, lo que habría dejado recursos sin ejecutar.
- INJUV: Es el caso más drástico con un 47,7% menos. El gobierno busca rediseñar su institucionalidad y reducir el gasto administrativo, señalando que actualmente el 75% del presupuesto se destina a remuneraciones.
“En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, afirmó el subsecretario Alejandro Fernández.
Actualmente, el Gobierno busca desplazar el foco de la discusión hacia la gestión y el ordenamiento interno de los recursos. Sin embargo, la duda de fondo persiste entre los analistas y la ciudadanía: ¿estamos ante una limpieza necesaria de ineficiencias estatales o se trata del primer paso de una serie de ajustes que erosionarán gradualmente la protección social? La respuesta final dependerá de cómo se ejecuten estas medidas durante los próximos meses y si el impacto en los beneficiarios finales logra mantenerse neutral como prometen las autoridades.
