La tensión en el oficialismo escaló este jueves luego de que el senador por la región del Bío Bío, Gastón Saavedra (PS), solicitara formalmente la salida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El parlamentario fundamentó su petición acusando al secretario de Estado de «desconocer el Chile real» y de no comprender cómo opera la administración del Estado ante la crisis económica.
A través de un registro audiovisual, Saavedra arremetió contra Quiroz por la polémica generada tras la propuesta de recortar 260 programas públicos. Entre los puntos más críticos, el senador apuntó a la intención de reducir presupuesto en la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio que, según recordó, fue parte de los compromisos de campaña incluso por sectores de oposición como José Antonio Kast.
El senador Saavedra fue enfático en su emplazamiento: «2 millones 200 mil chilenos tienen un mejor pasar producto de la PGU. Por lo tanto que usted (Quiroz) señale en sus instructivos que hay un recorte del 15%, me parece vejatorio».
El legislador socialista no escatimó en sus cuestionamientos hacia la gestión técnica de Quiroz, afirmando que el ministro ignora realidades crudas del país. En su crítica, Saavedra mencionó que existen ciudadanos viviendo con pensiones de 40 mil pesos y menores cuya única fuente de alimentación garantizada son las raciones escolares, insistiendo en que el titular de Hacienda no posee la sensibilidad necesaria para dirigir la billetera fiscal.
«Usted no puede estar tomando decisiones porque perjudica a los chilenos, perjudica al país. Deje el cargo», sentenció el parlamentario, advirtiendo que, bajo los términos actuales de los instructivos, no le queda más opción que rechazar cualquier medida que surja de dicha cartera ministerial.
La respuesta de Hacienda: ¿Se tocarán los beneficios?
Ante la controversia, el ministro Jorge Quiroz salió al paso de las críticas durante esta jornada. En un intento por calmar las aguas y aclarar el alcance de los ajustes, el secretario de Estado descartó que los recortes afecten a los beneficiarios directos de los programas sociales.
«Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas; aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto», aseguró el ministro. Según explicó la autoridad, el enfoque de la cartera está centrado en buscar la eficiencia administrativa y eliminar el mal gasto público, más que en afectar los derechos adquiridos por la ciudadanía.
Pese a esta aclaración, la incertidumbre persiste entre los parlamentarios sobre el impacto real que tendrán los instructivos en el presupuesto venidero. Mientras el Gobierno intenta blindar su agenda de eficiencia, sectores del oficialismo mantienen la presión para asegurar que ninguna política social sea sacrificada en el proceso de ajuste de cuentas.
