En medio de una creciente tensión por la ofensiva de recuperación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), las diputadas del Frente Amplio, Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans, llegaron hasta el Ministerio de Educación con una propuesta legislativa concreta. El objetivo central es reducir la presión sobre los cientos de miles de deudores que enfrentan una compleja situación de cobranza impulsada por la Tesorería General de la República.
¿Qué busca la nueva propuesta para los deudores del CAE?
Ante la incertidumbre jurídica y la masiva ola de reclamos, las parlamentarias entregaron una carta a la ministra de Educación, María Paz Arzola. En ella, denuncian una “ofensiva de cobranza sin precedentes” que carece de equidad. El diagnóstico apunta a que el sistema actual no solo es opaco, sino que presenta fallas críticas: errores en los cálculos de ingresos, desinformación sobre los convenios vigentes y, fundamentalmente, la incapacidad de pago de muchos deudores.
Las diputadas subrayan que los actuales convenios presentan barreras de entrada inalcanzables para quienes tienen ingresos reducidos o carecen de capacidad crediticia para cubrir el pie mínimo. Esta realidad ha trasladado el conflicto a los tribunales, con una oleada de recursos de protección que presentan fallos dispares, profundizando el desconcierto entre quienes mantienen esta deuda estudiantil.
El nudo político: ¿Por qué el Gobierno debe patrocinar el proyecto?
Las legisladoras fueron claras en que, al tratarse de materias que involucran gasto fiscal y modificaciones en las obligaciones del Estado, la iniciativa requiere obligatoriamente del patrocinio del Presidente.
“El éxito de esta propuesta depende del patrocinio del Poder Ejecutivo”
, señalaron, instando a buscar un acuerdo transversal. Aunque reconocen que la solución estructural sigue siendo el proyecto general del gobierno del presidente Gabriel Boric para un nuevo sistema de financiamiento, admiten que dicho avance en el Senado es lento.
Propuestas técnicas para cambiar el cobro
Considerando que el endeudamiento total por el CAE supera los $4 billones, la propuesta busca incorporar un nuevo artículo 18 ter a la Ley 20.027. Los puntos clave del articulado son:
- Convenios diferenciados por ingresos: Establecer mecanismos específicos para quienes perciben menos de $5 millones, ajustándose a la realidad económica individual.
- Cuotas y pie razonables: Que tanto el pago inicial como las cuotas mensuales sean calculadas considerando los ingresos y gastos reales, bajo criterios de “proporcionalidad y razonabilidad”.
- Flexibilidad ante cambios: Habilitar la modificación fluida de los convenios si la situación financiera del deudor sufre variaciones significativas a lo largo del tiempo.
Por ahora, la iniciativa se posiciona como una solución intermedia frente a la ofensiva de recuperación de recursos fiscales. La gran interrogante es si el Ejecutivo aceptará patrocinar esta medida, o si el conflicto escalará a medida que la presión de la Tesorería continúe afectando a los deudores sin capacidad real de pago.
