Un balance preocupante para la gestión pública
El Consejo para la Transparencia (CPLT) encendió las alarmas tras una reciente fiscalización a organismos vinculados a municipalidades en Chile. El informe, correspondiente al periodo 2025, reveló que 50 entidades ni siquiera cuentan con una página web, lo que impide cumplir con las obligaciones legales de transparencia activa que exige la normativa vigente.
La revisión alcanzó a un total de 257 instituciones, desglosadas en 181 corporaciones municipales, 58 asociaciones de municipalidades y juntas de alcaldes, además de 8 fundaciones municipales y 10 entidades regionales. Este escenario de desidia digital abre un flanco crítico para el control ciudadano de los fondos públicos.
Datos incompletos y opacidad total
Más allá de la falta de plataformas, el CPLT detectó un problema de fondo: entre las entidades que sí poseen un sitio web, la información suele estar incompleta o desactualizada. El cumplimiento promedio entre quienes publican alcanza apenas un 73,7%, cifra insuficiente considerando que se asigna un 100% solo cuando se expone la totalidad de los datos exigidos por la Ley de Transparencia.
Los resultados fueron categorizados por niveles de desempeño:
- Nivel Bajo: 90 organismos con un promedio de 53,7%.
- Nivel Medio: 89 entidades con un 78,6% promedio.
- Nivel Alto: 78 instituciones que alcanzaron un 91,5% de cumplimiento.
¿Dónde se esconden las infracciones?
El análisis sectorial destaca que las mayores brechas se concentran en materias sensibles. La publicación de la escala de remuneraciones registra un cumplimiento inferior al 21%, seguida por la falta de transparencia en participación ciudadana, presupuestos, ejecución presupuestaria y procesos de adquisiciones o contrataciones.
"Cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos", advirtió Natalia González, presidenta del CPLT.
González enfatizó que las brechas ocurren precisamente en los pilares fundamentales del control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gasta el dinero. La autoridad recordó que el acceso a estos datos es un derecho legal inalienable y que el Consejo cuenta con la facultad de aplicar multas ante el incumplimiento reiterado de estas obligaciones de transparencia.
