La Corte de Apelaciones de Santiago dio luz verde a un recurso de protección presentado por el Colegio de Profesores y Profesionales de Chile contra la División de Educación General del Ministerio de Educación (Mineduc) y la Superintendencia de Educación. La acción legal responde a la exigencia de un título de pedagogía para docentes de religión evangélica, pese a que en el sistema universitario chileno no existe tal carrera, lo que ha generado desvinculaciones y graves problemas de habilitación.
Un requisito sin vía formativa en el país
El núcleo de la controversia es un criterio administrativo que fuerza a los docentes a presentar una acreditación académica que no está disponible en la oferta formativa nacional. Según el gremio, esta exigencia configura una contradicción estructural que impacta directamente en el ejercicio profesional de los educadores.
El recurso busca que se revise una situación que, a nuestro juicio, presenta una inconsistencia normativa relevante. No es posible exigir un requisito que no cuenta con una vía de formación reconocida en el sistema, afirmó el presidente del gremio, Gabriel Fuentealba.
Esta crítica no solo cuestiona la parte técnica, sino que responsabiliza a las autoridades educacionales por establecer estándares que, en la realidad actual de la educación chilena, resultan inaplicables.
Impacto laboral y futuro de la asignatura
Las consecuencias de este criterio administrativo ya son visibles en los establecimientos educacionales. Actualmente, más de 6 mil docentes imparten la asignatura de religión evangélica en el país, y se estima que al menos 200 profesionales han enfrentado trabas concretas en sus procesos de habilitación recientemente.
Desde el Colegio de Profesores advirtieron que esta situación ha derivado en casos de desvinculación laboral y pone en riesgo la continuidad de la enseñanza religiosa en los colegios. Además, el gremio argumenta que esta barrera afecta el derecho preferente de los padres a elegir la formación de sus hijos.
Tras la admisión del recurso, la Corte de Apelaciones ordenó a las entidades recurridas, tanto al Mineduc como a la Superintendencia de Educación, que entreguen los informes y antecedentes técnicos en un plazo máximo de cinco días. Mientras el proceso judicial avanza, el gremio se mantiene en alerta evaluando nuevas medidas legales y administrativas para asegurar la continuidad docente bajo la normativa vigente.
