La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó un incremento en la indemnización otorgada a un hombre que fue víctima de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar. La justicia determinó que el monto reparatorio asciende a $120 millones, revirtiendo así la cifra inicial de $70 millones establecida previamente por el 29.° Juzgado Civil de Santiago por concepto de daño moral.
El caso se remonta al 2 de abril de 1976, fecha en la que el afectado —quien contaba con solo 9 años de edad en aquel entonces— fue arrestado por agentes del régimen en una vivienda ubicada en Quintero, en la Región de Valparaíso. En el operativo, el menor fue capturado junto a sus abuelos y otros tres familiares.
Detalles del cautiverio y secuestro
Tras la detención, el grupo fue trasladado a un recinto clandestino conocido como “Cuartel Venecia”, situado en la comuna de Independencia. Si bien el demandante y otros tres familiares lograron recuperar su libertad tras permanecer tres días bajo cautiverio, el destino de sus abuelos fue distinto: permanecieron secuestrados y, hasta la fecha, se mantiene como un caso de detenido desaparecido sin información sobre su paradero.
El tribunal de alzada justificó el aumento de la indemnización argumentando que, a partir de los antecedentes recopilados, queda en evidencia la gravedad del daño causado. El fallo señala explícitamente:
De los antecedentes de la causa se desprende de forma manifiesta la gravedad y entidad de los daños sufridos y las diversas secuelas psicológicas que hasta el día de hoy le afectan producto de su detención ilegal cuando tenía la edad de 9 años.
Además de la situación de los adultos mayores, la resolución judicial subraya que durante este traumático episodio, el afectado se encontraba junto a sus primos, quienes también eran menores de edad, lo cual agrava la vulneración de derechos sufrida por el grupo familiar. El Estado de Chile, a través de sus tribunales, ha ratificado esta compensación como un mecanismo de reparación ante las secuelas permanentes derivadas de estos hechos. Queda por ver si el Fisco presentará nuevos recursos o si esta cifra de $120 millones será finalmente cancelada para cerrar un proceso judicial de larga data.
