El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt dictó una sentencia que obliga a la Municipalidad de Puerto Montt a indemnizar con $20 millones al director del Liceo Politécnico Mirasol, Carlos Álvarez. El fallo responde al daño moral provocado por un sumario administrativo que se ha prolongado por más de dos años sin una resolución definitiva.
La controversia legal tiene su origen en marzo de 2023, tras una denuncia presentada por la Asociación Gremial de Paradocentes y Asistentes de la Educación de Puerto Montt. En dicha presentación, se expusieron acusaciones de presuntos malos tratos ejecutados por inspectores generales hacia asistentes de la educación. Aunque Carlos Álvarez no fue el objeto directo de la denuncia, la situación derivó en su separación de funciones, bajo la premisa de que sería una medida temporal de hasta 3 meses.
Un sumario administrativo sin retorno
A pesar de que el proceso administrativo debía ser acotado, a la fecha el director —quien accedió al cargo vía Alta Dirección Pública— no ha podido retomar sus labores. Tras agotar diversas instancias para conocer el estado de su caso, incluyendo gestiones ante la Contraloría, el docente debió recurrir a la justicia laboral para exigir una reparación.
Además de los $20 millones por concepto de daño moral, el municipio fue condenado a pagar aproximadamente $1 millón en costas del juicio. Este desenlace judicial marca un precedente importante sobre la gestión de procesos administrativos en la educación municipal de la región de Los Lagos.
Reacción del DAEM y pasos a seguir
Por parte de la administración municipal, el director subrogante del DAEM de la capital regional, Faustino Villagra, abordó el tema reconociendo la excesiva dilación del proceso. Sobre el estado del sumario, el funcionario señaló:
El sumario se ha extendido por un periodo bastante largo.
Villagra confirmó que la administración local ya trabaja en la preparación de un recurso de apelación, el cual será presentado ante el tribunal correspondiente para intentar revertir el fallo. Mientras tanto, Carlos Álvarez permanece a la espera de una resolución definitiva que aclare su futuro profesional y el estatus final de su investigación administrativa.
