La reciente ofensiva de la oposición contra el presidente José Antonio Kast, al instalar la falsa narrativa de que se eliminaría la alimentación escolar en los colegios públicos, ha sido calificada como una táctica irresponsable. Lo que inició como una revisión presupuestaria por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para evaluar la eficiencia del gasto, fue utilizado para fines políticos, ignorando que el Estado debe proteger los subsidios destinados a quienes más lo necesitan, evitando que se pierdan en una red de proveedores favorecidos.
El desastre administrativo en Junaeb
El presidente José Antonio Kast ha sido enfático en desmentir cualquier recorte, señalando que la Junaeb arrastra un desorden estructural profundo. El mandatario describió la situación como un “desastre total”, al punto de justificar medidas drásticas para limpiar la gestión. Como prueba de esta ineficiencia, el Gobierno recordó que la institución ni siquiera logró entregar a tiempo los útiles escolares básicos.
Las cifras de irregularidades son contundentes. Un caso revelado por Radio Bío Bío en enero de 2025 expuso que Junaeb pagó $3.554 millones por un servicio que estimaba 796.043 raciones, pero que entregó apenas 284. Esto se traduce en un costo exorbitante de $12 millones por cada ración efectivamente servida. Además, en 2023, una misma empresa aumentó sus raciones fijas en un 118,2%, generando un sobreprecio de más de $4.423 millones.
Contraloría y fallas operativas
La Contraloría General de la República también cuestionó el cambio en la proporción de pagos fijos y variables, pasando de un 40% a un 60%, lo cual implicó un gasto extra de $4.640 millones sin el control de juridicidad obligatorio. A esto se suma el desastroso proceso de los kits escolares 2024: una licitación desierta por tecnicismos, como la forma de los lápices, provocó un retraso de cinco meses en la entrega de apenas un tercio de los insumos.
El deterioro institucional también alcanzó a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). La auditoría detectó la entrega de 9.489 pases a personas que no acreditaban ser estudiantes, con un costo superior a $31 millones, además de 78.558 pases que nunca llegaron a los establecimientos educativos. La verdadera urgencia hoy no es la falsa polémica sobre la alimentación, sino esclarecer cómo se toleraron estos contratos millonarios sin imputados mientras se perjudicaba a los estudiantes. La auditoría en curso promete revelar el alcance total de una red de malas prácticas que el Gobierno de Kast busca desmantelar para que cada peso llegue efectivamente al plato de los niños.
Fuente: BioBio Chile
