El Gobierno ha reaccionado con cautela ante la propuesta del senador Francisco Huenchumilla de establecer un tercer casino en la región de La Araucanía, con la particularidad de que su administración estaría a cargo de un Consejo del Pueblo Mapuche.
Según el seremi de Economía, Nelson Curiñir, si bien la alternativa de que las comunidades mapuche gestionen un casino en la región «se pueden ir multiplicando», es necesario «tomar esta idea con cautela» y evaluar su potencial implementación a través del debate parlamentario.
Análisis de Impactos y Consideraciones Clave
La propuesta del senador Huenchumilla plantea varios aspectos a considerar:
Administración Mapuche del Casino
La idea de que un Consejo del Pueblo Mapuche, compuesto por representantes de las comunidades de la región, sea el titular de la concesión del casino ha sido bien recibida en algunos sectores. Esto podría representar un importante paso hacia una mayor participación y autonomía de los pueblos originarios en la toma de decisiones que les afectan.
Destino de Ingresos Tributarios
Otro elemento clave es el destino del 20% del impuesto al juego que generaría el casino. Huenchumilla propone que estos recursos se destinen a las 10 comunas más pobres de La Araucanía, lo cual podría tener un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de esas localidades.
Disponibilidad de Plazas de Juego
Adicionalmente, se deberá analizar la disponibilidad de plazas de juego en la región, ya que actualmente existen dos casinos en funcionamiento. La incorporación de un tercero implicaría una evaluación exhaustiva de la capacidad y la demanda del mercado.
Próximos Pasos y Debate Parlamentario
Tal como señaló el seremi Curiñir, la propuesta del senador Huenchumilla deberá ser discutida en el Parlamento, donde se analizarán en detalle los diversos aspectos técnicos, legales y de impacto regional. Solo así se podrá determinar la viabilidad y los potenciales beneficios de esta iniciativa.
Sin duda, la idea de un casino administrado por un Consejo Mapuche en La Araucanía ha generado un debate que merece ser abordado con cautela y profundidad, buscando equilibrar los intereses de la comunidad, el desarrollo económico y el respeto a los pueblos originarios.
