En un giro inesperado de los acontecimientos, el abogado y congresista José Jerí se ha convertido en el nuevo presidente interino de Perú, tras la repentina destitución de su predecesora, Dina Boluarte. Sin embargo, el ascenso de Jerí al máximo cargo del Estado está envuelto en una nube de controversia, con un pasado marcado por acusaciones de corrupción y una denuncia por violación sexual que, si bien fue archivada, ha generado un rechazo generalizado.
Nacido en 1986 en el distrito limeño de Jesús María, Jerí es un abogado que se afilió al partido derechista Somos Perú en 2013. Pese a haber obtenido apenas 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, logró llegar al Congreso como suplente del expresidente Martín Vizcarra, quien había recibido más de 200.000 sufragios.
Denuncias de corrupción y violación sexual
Durante su paso por el Parlamento, Jerí enfrentó acusaciones de corrupción por presuntamente haber beneficiado a un proyecto en la región de Cajamarca cuando formaba parte de la Comisión de Presupuesto. Pero el escándalo que más ha marcado su carrera política es la denuncia por violación sexual presentada en su contra en enero de 2025.
Según la denuncia, Jerí y otro hombre habrían cometido un ataque sexual contra una mujer durante una reunión social en el distrito de Canta, al noreste de Lima. Aunque la investigación fue finalmente archivada dos meses atrás por falta de evidencias, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) emitió un comunicado rechazando su nombramiento como presidente del Congreso, argumentando que «ningún funcionario con denuncias o cuestionamientos graves debería asumir la más alta representación del Estado».
Asumiendo la presidencia en medio de la crisis
Pese a estos antecedentes, Jerí juró como presidente interino de Perú en la madrugada del viernes, luego de que Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso en una sesión exprés. En su discurso, el nuevo mandatario aseguró que asumía el cargo «con humildad» para «instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional».
Sin embargo, su nombramiento ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de la población y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la idoneidad de un funcionario con denuncias pendientes para ocupar la máxima magistratura del país. En un momento de profunda crisis política, Perú se enfrenta a un nuevo reto: encontrar un liderazgo que inspire confianza y pueda guiar al país hacia la estabilidad.
