La Municipalidad de Santiago ha confirmado la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras un exhaustivo sumario administrativo que reveló faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Según la investigación municipal, la destitución se debe al incumplimiento de los deberes de la rectora frente a un hecho de violencia escolar ocurrido en el establecimiento el pasado mes de agosto. En esa ocasión, un estudiante de tercero medio fue brutalmente agredido por un grupo de alumnos de cuarto medio, tras la difusión de una «funa» en redes sociales.
Omisión de Protocolos de Seguridad
La investigación determinó que la rectora no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del estudiante agredido. Además, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM) sobre lo ocurrido, incumpliendo con los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos.
Infracciones a la Ley de Probidad Administrativa
Estas acciones fueron consideradas como una infracción al artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige a los funcionarios públicos actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de sus funciones.
Si bien la exrectora realizó descargos alegando discriminación de género y persecución política, la investigación descartó estos argumentos, estableciendo que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la grave agresión ocurrida al interior del instituto.
Consecuencias de la Negligencia
La destitución de la rectora del Instituto Nacional envía un claro mensaje sobre la importancia de que los directivos escolares cumplan rigurosamente con sus obligaciones de resguardar la seguridad y bienestar de los estudiantes. Este caso subraya la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación ante incidentes de violencia en los establecimientos educacionales.
La comunidad educativa del Instituto Nacional y la ciudadanía en general esperan que esta medida disciplinaria contribuya a prevenir futuras negligencias y garantice que los líderes escolares asuman con responsabilidad su rol de velar por la integridad de los alumnos.
