La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21 de la región del Biobío, presentó un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones por la venta de productos de tabaco y dispositivos de vapeo a menores de edad. La iniciativa modifica la Ley N° 19.419 con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta de ley eleva significativamente las multas para quienes comercialicen, ofrezcan, distribuyan o entreguen cigarrillos, vapeadores, sistemas electrónicos con o sin nicotina y sus accesorios a menores de 18 años. Las multas generales actuales, que van de 3 a 50 UTM, pasarían a un rango de 20 a 150 UTM.
Para los infractores que pertenecen a la industria, las sanciones se incrementarían desde las actuales 30 a 300 UTM hasta 101 a 500 UTM. Betancurt enfatizó la necesidad de una normativa más rigurosa.
“No podemos seguir permitiendo que la venta de cigarrillos y vapeadores a menores de edad tenga sanciones que no reflejan la gravedad de esta conducta. Estamos hablando de proteger la salud de nuestros niños y adolescentes, y para eso necesitamos una legislación mucho más estricta y efectiva”, sostuvo la diputada.
Otro punto clave del proyecto es la obligatoriedad de clausurar establecimientos reincidentes. Actualmente, la posibilidad de cerrar locales por 15 días queda a discreción de la autoridad sanitaria. Con la modificación propuesta por Betancurt, la clausura para cualquier establecimiento que reincida sería de entre 15 y 30 días.
“Las multas por sí solas no son suficientes si un establecimiento puede seguir funcionando y comercializando estos productos (…) por eso estamos proponiendo que, cuando exista reincidencia, la clausura sea obligatoria”, explicó la diputada.
El proyecto también busca que la venta de cigarrillos se someta al mismo procedimiento que la venta de alcohol, exigiendo la cédula de identidad. Betancurt argumenta que, si bien la venta a menores está prohibida, la ley actual no obliga a los dependientes a verificar la edad. “No basta con prohibir la venta a menores si dejamos en manos de cada vendedor la decisión de comprobar o no la edad de una persona. Tenemos que cerrar esos espacios y establecer obligaciones concretas para quienes comercializan estos productos. La protección de nuestros niños no puede depender de la voluntad de un comerciante”, concluyó.
