En un golpe contundente a la reputación del expresidente francés Nicolas Sarkozy, un tribunal lo ha condenado a cinco años de prisión por asociación criminal con el fin de obtener financiamiento del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña presidencial de 2007.
La sentencia establece que Sarkozy formó en 2005 una trama con sus dos estrechos colaboradores, Claude Guéant y Brice Hortefeux, junto al intermediario Ziad Takieddine (fallecido recientemente), para recibir dinero de Libia y financiar así su exitosa campaña que lo llevó al Elíseo.
Promesas a Gadafi a cambio de fondos
Según el tribunal, cuando Sarkozy era ministro del Interior, utilizó su cargo y las expectativas de ganar las elecciones para hacer varias promesas a Gadafi a cambio de los fondos. Estas incluían favorecer el retorno de Libia a la escena internacional, impulsar el sector nuclear en el país africano y mediar a favor de Abdalláh Senoussi, cuñado de Gadafi, condenado en Francia por un atentado aéreo.
Si bien no se han encontrado rastros concretos de los fondos entregados por Libia, el tribunal considera que existen pruebas suficientes de que la campaña de Sarkozy se financió ilegalmente con dinero del régimen de Gadafi.
Duro golpe a la reputación de Sarkozy
Esta condena supone un duro revés para la reputación de Sarkozy, quien sigue siendo una figura influyente en la derecha francesa. La sentencia establece que la campaña que lo llevó al poder estuvo financiada con fondos libios, lo cual mancha su legado político.
Aunque Sarkozy no fue condenado directamente por recibir los fondos, el tribunal lo considera responsable por haber formado parte de la trama criminal que los obtuvo. Esta es la tercera condena a prisión para el expresidente, si bien las anteriores permitían el arresto domiciliario.
El caso ha generado un gran impacto en Francia, sacudiendo los cimientos del sistema político y cuestionando la legitimidad de la elección de Sarkozy. A medida que se desentrañan los detalles de este escándalo, surgen preguntas sobre la integridad de los procesos electorales y la necesidad de una mayor transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
